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El Presidente Milei, a través de tres decretos, rechazó recursos jerárquicos de agentes civiles de la Armada Argentina, agotando la vía administrativa y abriendo la puerta a juicios millonarios por sus reencasillamientos salariales.
Una nueva batalla se libra en el frente laboral del Estado. El Presidente de la Nación, Javier Milei, junto al TG Carlos Alberto Presti, ha firmado tres decretos clave (299/2026, 300/2026 y 301/2026) que rechazan de plano los recursos jerárquicos interpuestos por los agentes civiles Elizabeth Carolina LÓPEZ, Sebastián Osvaldo BATALLA y Alberto Alfredo SABATINI, todos ellos empleados permanentes de la Armada Argentina. Los reclamos giran en torno a sus reencasillamientos en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, homologado por el Decreto N° 2539/15 y la Resolución del Ministerio de Defensa N° 614/17.
Los agentes alegaban haber sido erróneamente categorizados en sus agrupamientos, niveles y grados escalafonarios, argumentando que no se consideró adecuadamente su especialidad, experiencia y antigüedad en la Administración Pública Nacional. Sin embargo, la Oficina Nacional de Empleo Público del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, junto con los servicios jurídicos de la Armada y el Ministerio de Defensa, dictaminaron que las reencasillamientos se realizaron “bajo principios expresamente contemplados en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164”, como la jerarquización, capacitación y trato igualitario.
La implicación más directa de estos decretos es que, con el agotamiento de la vía administrativa, a los empleados se les abre la puerta a la acción judicial. Esto significa que los casos podrían terminar en los tribunales, generando un potencial cúmulo de demandas contra el Estado por reclamos salariales y de categoría. Para el ciudadano común, esto subraya la complejidad y los costos ocultos que pueden derivarse de las reestructuraciones del personal en el sector público. Es crucial seguir de cerca estos casos, ya que podrían sentar precedentes o generar un alto costo fiscal en litigios futuros, en un momento donde la austeridad es la bandera del gobierno.
