¡Guerra de Ascensos en el Estado! Dos empleadas quedan fuera del 'Nivel A' por la burocracia

El Boletín Oficial de la República Argentina expone dos decretos presidenciales que revelan la feroz batalla interna por los ascensos en la Administración Pública Nacional. Viviana Patricia MANFREDI (D.N.I. Nº 20.002.562) y María Julia OLGUÍN (D.N.I. Nº 27.765.723), ambas con una larga trayectoria, vieron cómo sus sueños de alcanzar el ansiado 'Nivel A' del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) se desvanecían tras el rechazo de sus recursos jerárquicos.

El Laberinto Burocrático y la Controversia de la 'Complejidad'

Ambas funcionarias habían solicitado la promoción al Nivel A, el escalafón más alto, pero sus postulaciones fueron rechazadas por el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y luego ratificadas por el Ministerio de Capital Humano. El argumento central: sus funciones no poseían el grado de complejidad suficiente para dicho nivel, según la evaluación de los Comités de Valoración.

Lo más inquietante de estos casos es la contradicción en los dictámenes. Mientras la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), órgano rector en la materia, encontró "motivos razonables" para hacer lugar a los reclamos, sugiriendo que las tareas podrían ser desempeñadas en el Nivel A "mediando un incremento en la responsabilidad, autonomía y complejidad a futuro", la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación impuso un criterio de interpretación restrictivo.

"...el mismo informe habla de situaciones a futuro cuando el texto legal es preciso al indicar que la postulación requiere los requisitos en ese preciso momento, al postularse... tampoco puede obviarse que se trata de un mecanismo de excepción que requiere un criterio de interpretación restrictivo..."

Esta postura jurídica, que prioriza la literalidad del momento de la postulación y la rigidez de los mecanismos de excepción, terminó por inclinar la balanza. Para los ciudadanos que aspiran a una carrera en el Estado, esto es una clara señal: la meritocracia se interpreta de forma estricta, y la flexibilidad para reconocer la evolución de las funciones o el potencial a futuro parece tener límites infranqueables. Las decisiones agotan la vía administrativa, dejando a Manfredi y Olguín con la única opción de recurrir a la justicia en un plazo de Ciento Ochenta (180) días hábiles judiciales.

Estos casos, aunque individuales, son un reflejo de los desafíos y las tensiones en la modernización de la administración pública, donde la eficiencia y la carrera profesional a menudo chocan con la inercia burocrática y las interpretaciones legales más conservadoras.