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Tras el *portazo* del Congreso a sus decretos de desregulación, el Ejecutivo lanza dos nuevos DNU para *reflotar* las normativas previas y evitar un "vacío legal" en la Marina Mercante y un sinfín de organismos públicos clave.
El Poder Ejecutivo Nacional ha lanzado dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el 627/2025 y el 628/2025, que buscan restituir la plena vigencia de normativas que habían sido derogadas o modificadas por anteriores DNU. La movida se da luego de que el Honorable Congreso de la Nación rechazara varios de esos decretos, generando, según el Gobierno, un "vacío normativo de extrema gravedad".
El Decreto 628/2025 aborda la situación de la Marina Mercante Nacional. Previamente, el Decreto N° 340/25 había introducido una significativa desregulación en el sector, permitiendo, por ejemplo, el cese provisorio de bandera y la libre contratación de personal. Sin embargo, el Congreso rechazó esta medida, dejando al sector sin un marco legal claro. El Gobierno argumenta que el rechazo solo deroga la norma hacia el futuro, pero no restablece automáticamente las leyes anteriores. Para evitar esta "tierra de nadie" jurídica, el Ejecutivo decide volver al punto de partida, reinstaurando las disposiciones vigentes antes del DNU 340/25, aunque reconociendo que ese régimen era "deficiente". La polémica está servida: ¿es esta la solución o un parche legal que prolonga la incertidumbre?
De manera similar, el Decreto 627/2025 revierte los cambios introducidos por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25, que buscaban la fusión, disolución o transformación de numerosos organismos de la Administración Pública Nacional. Entre los afectados por las medidas originales (ahora revertidas) se encontraban: el Instituto Nacional Yrigoyeneano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros. El Congreso, al rechazar estas reestructuraciones, generó una "incertidumbre jurídica" que, según el Gobierno, "afecta la seguridad y previsibilidad del ordenamiento legal". Por ello, se restituye el estado de las cosas previo a esos decretos, incluyendo las estructuras organizativas originales. La medida busca garantizar la "continuidad operativa" de estos entes, pero deja en claro la tensión entre los poderes del Estado.
El meollo de la cuestión reside en la interpretación del artículo 24 de la Ley N° 26.122, que establece que el rechazo de un DNU por ambas Cámaras "implica su derogación". El Ejecutivo, citando a la Procuración del Tesoro y a la Corte Suprema, sostiene que la derogación priva de efectos a la norma hacia el futuro, pero no restablece automáticamente las normas anteriores, a menos que así se disponga expresamente. Esta lectura, que el Gobierno defiende con ejemplos históricos de decretos y leyes que sí restablecieron expresamente normas derogadas, es la base de su decisión de emitir estos nuevos DNU para rellenar el vacío.
¿Cómo afecta a la sociedad? Esta ida y vuelta legislativa genera una enorme inseguridad jurídica. Para las empresas de la Marina Mercante, significa que las flexibilizaciones que pudieron haber disfrutado temporalmente, ahora se esfuman. Para los organismos estatales, implica volver a estructuras y normativas que el Gobierno actual había considerado obsoletas o ineficientes, con la consiguiente paralización o ralentización de procesos de reforma. La falta de un consenso claro y duradero sobre el marco regulatorio es un freno para la inversión y la planificación a largo plazo. Los ciudadanos podrían ver afectados los servicios de entes que se habían disuelto o transformado y ahora "reviven" en su forma original, aunque con un período de transición para ajustar presupuestos y operatividad.
