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El Ministerio de Economía extiende por dos años la medida antidumping contra las ruedas de acero chinas, buscando proteger a la producción nacional. ¿Una victoria para la industria local o una barrera al comercio y la competencia?
Una medida que sacude el tablero del comercio exterior ha sido confirmada: el Ministerio de Economía, a través de la Resolución 241/2026, decidió prorrogar por dos años la aplicación de un derecho antidumping ad valorem del 41,78% sobre las importaciones de "Ruedas de acero" originarias de la República Popular China. Estas ruedas, utilizadas en autobuses, camiones, remolques y semirremolques, clasificadas en las posiciones arancelarias 8708.70.90 y 8716.90.90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, son un componente clave para el transporte pesado.
La decisión surge tras un exhaustivo examen por expiración del plazo de la medida original, impuesta en 2019. La firma Distribuidora Comersur SA había solicitado la revisión, y la Subsecretaría de Comercio Exterior, junto a la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), analizaron la situación. A pesar de que inicialmente no se encontró un margen de dumping directo, se determinó una "probabilidad de recurrencia de dumping" del 29,83% al comparar precios con exportaciones a terceros mercados, como Perú.
La CNCE, en su Acta de Directorio Nº 2619 del 21 de enero de 2026, fue contundente: "...resulta probable que reingresen importaciones... en condiciones tales que podrían ocasionar la repetición del daño a la rama de producción nacional."
Esta prórroga busca consolidar la recuperación del sector productivo nacional de ruedas de acero, que según el organismo técnico, logró cierto grado de mejora gracias a la medida previa. La resolución es un claro mensaje de protección a la industria local, que se beneficia al enfrentar una competencia menos agresiva por parte de productos subsidiados o vendidos por debajo de su valor real. Sin embargo, para los importadores y, eventualmente, para los consumidores de vehículos pesados, podría significar precios más altos y una menor variedad de opciones. La medida entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, y la Dirección General de Aduanas ya está al tanto para asegurar su cumplimiento. Un movimiento que, sin dudas, generará debate sobre el equilibrio entre la protección industrial y la apertura comercial.
