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El Organismo Provincial de Contrataciones desató un *tsunami* de resoluciones sobre revisiones de precios, dejando a varias empresas con la soga al cuello y a otras respirando aliviadas. ¿Quién ganó y quién perdió en esta pulseada inflacionaria que sacude los bolsillos bonaerenses?
¡Bomba en el Boletín Oficial! La Provincia de Buenos Aires se convirtió en el ring donde se libra una batalla feroz por la actualización de precios en contratos estatales. El Organismo Provincial de Contrataciones, bajo la batuta de María Victoria Anadon, acaba de publicar una serie de resoluciones que tienen a empresarios bonaerenses con el corazón en la boca: para algunos, la luz verde a la revisión de precios significa un respiro vital; para otros, el portazo definitivo los deja al borde del abismo.
En un contexto de alta inflación, la revisión de precios es una herramienta crucial para que los proveedores del Estado puedan mantener la viabilidad de sus servicios. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte. El Decreto N° 126/23 B revela un panorama mixto:
Los Afortunados: Empresas como ABEJARUCO PLATENSE S.A., ISOMAD S.A., IVECAM SOCIEDAD ANONIMA, DISTRIBUIDORA LACTRES S.A. y SERVI GALO S.R.L. vieron aprobadas sus solicitudes de ajuste, lo que les permitirá adecuar sus costos y seguir operando sin pérdidas. Incluso FERRETERIA PLATENSE SCABUZZO E HIJOS S.R.L. y REZZONICO HECTOR AQUILES obtuvieron revisiones parciales favorables. Esta medida es un salvavidas para estas firmas, asegurando la continuidad de sus servicios y la estabilidad de sus empleados.
Los Perjudicados: La otra cara de la moneda es sombría. BRIEFING360 S.A., FERRETERIA DEL SANTA S.A., DIAZ ANALIA SILVINA, GORCHS VELAZCO E HIJOS S.R.L., MACRIME S.R.L., OSOFETE S.A., RODRIGO Y SEGOVIA S.R.L., CUDUGNELLO LUCAS SEBASTIAN, SIMONE MOBILITAS S.A. y GRUPO SALA S.A. recibieron un rotundo rechazo a sus pedidos. Para estas empresas, mantener los precios de contratos pactados en otro escenario económico puede significar un golpe letal a su rentabilidad, poniendo en riesgo puestos de trabajo y la capacidad de cumplir con sus obligaciones. La provincia, al negar estos ajustes, busca contener el gasto público, pero a costa de la salud financiera de sus proveedores.
Aunque parezca un mero trámite administrativo, estas decisiones tienen un impacto directo en el bolsillo de todos los bonaerenses. Si los proveedores no pueden sostener sus costos, la calidad o la continuidad de los servicios públicos (desde la provisión de insumos hasta el mantenimiento de infraestructura) podría verse comprometida. Además, la presión sobre las empresas rechazadas podría llevar a litigios o a la salida de proveedores, reduciendo la competencia en futuras licitaciones. La provincia exige a las empresas con revisiones aprobadas que actualicen sus garantías de cumplimiento de contrato en un plazo de siete días, un paso burocrático que asegura la seriedad de los compromisos.
"Estas resoluciones reflejan la tensión constante entre la necesidad de ajustar los contratos a la realidad económica y la prudencia en el manejo de los fondos públicos", comentó un analista cercano al sector de contrataciones.
Para estar al tanto de futuras actualizaciones y entender cómo estas decisiones afectan los servicios públicos, es crucial seguir de cerca las publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y el portal de Contrataciones Públicas de Buenos Aires (pbac.cgp.gba.gov.ar).
