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La Provincia de Buenos Aires ajusta los precios de un millonario convenio marco para señalética. Mientras COBERJAUS S.R.L. logra la revisión, TROSHER S.A. se queda con las manos vacías por no alcanzar el umbral del 5% de variación. ¡Un golpe al bolsillo de algunos proveedores!
La gestión de los contratos públicos es un campo de batalla constante, especialmente cuando la inflación aprieta. La Resolución N° 62-OPCGP-2026 de la Oficina de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires (OPCGP) ha puesto la lupa en un Convenio Marco para la adquisición de señalética institucional y vial para 2025, un contrato clave para la infraestructura provincial.
Dos empresas, COBERJAUS S.R.L. y TROSHER S.A., habían solicitado una revisión de precios. La buena noticia fue para COBERJAUS S.R.L., a quien se le habilitó la instancia de revisión porque las variaciones superaron el 5% requerido por la normativa. Esto significa que sus precios en los renglones 3 y 5 (y 2 y 4 con mejoras posteriores) del contrato se ajustarán, garantizando que el proveedor no opere a pérdida debido a la escalada de costos.
Sin embargo, la historia fue distinta para TROSHER S.A. Su solicitud fue desestimada por no superar la variación del 5% establecida en el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 59/19. Un golpe duro para la empresa, que deberá mantener los precios originales a pesar de los posibles aumentos en sus costos de producción.
La metodología para esta revisión se basa en el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM), utilizando distintas categorías como "Otros productos textiles", "Productos de plástico", "Productos metálicos para uso estructural", "Herramientas de mano y artículos de ferretería" y "productos de madera". Esto demuestra la complejidad de los contratos públicos, donde cada renglón es un mundo y la inflación puede jugar una mala pasada. El mes de cierre para el cálculo fue enero de 2026, tomando como base los precios aprobados en resoluciones anteriores o mejoras de precios presentadas por los proveedores.
Para el ciudadano, esta resolución es un ejemplo de cómo el Estado busca mantener el equilibrio entre el costo de los bienes y servicios que adquiere y la sostenibilidad de sus proveedores, en un contexto económico volátil. Un proceso que, aunque técnico, define quién gana y quién pierde en la pulseada de los precios en la obra pública.
