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El Ministerio de Infraestructura bonaerense desata una doble ofensiva energética: la UBA auditará las tarifas eléctricas que pagamos todos, mientras una cooperativa de Carmen de Areco enfrenta una deuda escalofriante de casi 2 mil millones de pesos, con ultimátum judicial incluido.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Gabriel Nicolás Katopodis, está en el ojo de la tormenta con dos medidas explosivas en el sector energético. Por un lado, la Resolución N° 136-MIYSPGP-2026 aprueba un acuerdo con la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), para llevar a cabo la crucial Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio de distribución eléctrica. Esta auditoría se dividirá en dos etapas: la valuación física de activos y la definición de la base de capital, estructura tarifaria y plan de inversiones obligatorio. ¿Se viene un nuevo golpe al bolsillo o un respiro para los usuarios? La UBA tendrá la última palabra técnica en un proceso que definirá cuánto pagaremos por la luz en los próximos años.
Pero la verdadera bomba la trae la Resolución N° 138-MIYSPGP-2026. Aquí, el Ministerio le puso los puntos a la Cooperativa Eléctrica y de Crédito Limitada de Carmen de Areco por una deuda monumental que asciende a $1.936.843.536,22. Este monto sideral corresponde a la falta de ingreso de los "agregados tarifarios" al Fideicomiso de Inversiones en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (FITBA), una obligación que la cooperativa viene incumpliendo desde hace años. La situación es crítica: la cooperativa, que ya había reconocido la deuda y cedido $500.000.000 del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias (FPCT) para saldar parte de lo adeudado, ahora tiene un plazo excepcional y perentorio de diez días hábiles para adherirse a un plan de regularización de hasta 48 cuotas.
"La falta de ingreso al fideicomiso se configuraría en virtud de una manda legal, la cual le impone determinadas obligaciones a las que debe ajustarse por cuanto dichos recursos tienen un destino de afectación específico..."
Si la cooperativa no cumple, la Provincia Fideicomisos SAU recibirá la orden de iniciar acciones judiciales para el cobro, convirtiendo la resolución en un título ejecutivo. Esto no solo pone en jaque la situación financiera de la cooperativa, sino que también envía un mensaje contundente a otras distribuidoras sobre la seriedad del cumplimiento de las obligaciones tarifarias. La tensión en el sector eléctrico bonaerense está en su punto álgido.
