¡Hacienda Afila la Tijera! El Estado va por sus Deudas con Provincias y Organismos

En un movimiento estratégico para sanear las arcas públicas, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, acaba de dar un paso crucial para endurecer la recuperación de deudas. La flamante Resolución 1/2025 aprueba nuevos "Comprobantes de Gestión Solicitud de Cobranza de RECAC Provincias (SOC-RCP)" y "Solicitud de Cobranza de RECAC Organismos (SOC-RCO)".

¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie y para las finanzas del país? Se trata de una modernización y expansión del "Circuito de Cobranzas del Tesoro Nacional (COTENA)" dentro del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF). En criollo: el Estado busca ser más eficiente y contundente a la hora de reclamar los créditos que le deben tanto las provincias como diversos organismos públicos.

Hasta ahora, la Oficina Nacional de Crédito Público ya tenía a cargo el seguimiento de estos créditos, pero con esta medida, se amplía la funcionalidad para los casos en mora. La Tesorería General de la Nación será la encargada de arbitrar los medios necesarios para el recupero de esos fondos, usando estos nuevos comprobantes.

Este cambio, aunque suene técnico, es fundamental para la salud fiscal del país. Implica que se busca mayor control y una gestión más activa sobre los recursos no tributarios que deben ingresar al Tesoro. Podría traducirse en mayor presión sobre las jurisdicciones y entidades que mantienen deudas con el Estado Nacional, potencialmente afectando sus presupuestos y proyectos si no se ponen al día.

"Con el propósito de ampliar la funcionalidad de ese marco conceptual a los efectos de incluir el procedimiento a cobrar señalado... se propicia la aprobación de los Comprobantes de Gestión Solicitud de Cobranza de RECAC Provincias (SOC-RCP) y Solicitud de Cobranza de RECAC Organismos (SOC-RCO)."

Para el ciudadano, aunque no vea un impacto directo, una mejor gestión de las cobranzas estatales implica una mayor disponibilidad de fondos públicos, que en teoría deberían destinarse a servicios o reducción del déficit. Esta medida se inscribe en la política de austeridad y ordenamiento económico que pregona el Gobierno, buscando cada peso que le corresponde al Estado. Estar atentos a cómo impacta en las relaciones Nación-Provincias será clave.