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Desde licitaciones para redes informáticas y programas de epilepsia hasta el alquiler de aires acondicionados y la búsqueda de nuevas sedes judiciales, la provincia mueve el amperímetro con gastos millonarios. ¡Pero no todo es color de rosa: dos anulaciones en salud y educación levantan sospechas!
El entramado estatal bonaerense no detiene su marcha, y el Boletín Oficial de hoy lo deja en claro con una serie de licitaciones y contrataciones directas que buscan modernizar y expandir los servicios en áreas clave como la salud y la justicia. Sin embargo, no todo es un camino de rosas, ya que dos importantes anulaciones de licitaciones previas generan incertidumbre.
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se avanza con la Licitación Privada N° 1/2026 para la Adquisición de Esposas de Sujeción Mecánica, un elemento crítico para la seguridad y el control. También se lanza la Licitación Pública N° 3/2026 para Equipos de Aires Acondicionados destinados a las Compañías y Casinos del Servicio Penitenciario Bonaerense, una inversión en infraestructura para mejorar las condiciones de las instalaciones.
El Ministerio de Gobierno busca modernizar sus sistemas con una Contratación Directa N° 31-4709-PAB26 para la Adquisición de Diecisiete (17) Bancos de Baterías para las UPS de la Casa de Gobierno, con un presupuesto de $19.988.127,04. Una inversión en tecnología clave para asegurar la continuidad operativa de la administración provincial.
La Suprema Corte de Justicia está en plena expansión y reorganización, lanzando varios Pedidos Públicos de Ofertas para la búsqueda de inmuebles en Quilmes (para Asesoría Pericial), Mar del Tuyú (para Juzgado de Paz Letrado, Oficina de Mandamientos y Notificaciones, y Juzgado de Familia) y Ensenada (para Juzgado de Paz Letrado). Además, se contratan trabajos para la puesta en funcionamiento de un inmueble en Pilar por $58.034.596 mediante la Contratación Directa N° 7/2026. Estas acciones demuestran la necesidad de adecuar la infraestructura judicial a las demandas crecientes de la población, lo que impactará en el acceso a la justicia de los ciudadanos.
Los hospitales bonaerenses también están en movimiento con licitaciones que suman cientos de millones de pesos: el H.Z.G.A. Isidoro G. Iriarte de Quilmes licita la instalación de una Red de Área Local (LAN) bajo modalidad llave en mano por $263.900.000,00; el H.I.A.E. Sor María Ludovica de La Plata busca adquirir el Programa de Epilepsia PROEPI por $255.490.202,00; el Hospital Gobernador Domingo Mercante de José C. Paz licita Insumos de Laboratorio (Endocrino) por $109.107.100,00 y Bacteriología Tarjetas por $125.856.000,00; y el H.I.G.A. General José de San Martín de La Plata contratará el Alquiler de Aire Acondicionado con Máquina Enfriadora por $139.500.000,00. Estas inversiones son cruciales para la modernización y el buen funcionamiento de los servicios de salud, beneficiando directamente a los pacientes.
Sin embargo, la transparencia se ve empañada por dos anulaciones significativas. El H.I.G.A. Presidente Perón de Avellaneda anula la Licitación Privada N° 46/2025 para la Adquisición de Equipo de Arco en C, una herramienta de diagnóstico por imágenes vital. Y la Municipalidad de Alberti suspende la Licitación Pública N° 2/2026 para la Terminación de Edificio Escuela Secundaria N° 3. Estas anulaciones de procesos ya iniciados generan incertidumbre y retrasos en la provisión de equipamiento médico y la finalización de obras educativas, afectando directamente a la comunidad. Además, el Consejo Escolar de Adolfo Gonzales Chaves lanza un segundo llamado para la Contratación del Servicio Alimentario Escolar, lo que sugiere que el primer intento no tuvo éxito y que la alimentación de los alumnos sigue siendo un desafío administrativo. Estas demoras y fallos en los procesos de contratación requieren una explicación urgente por parte de las autoridades para garantizar la eficiencia y el bienestar de los ciudadanos.
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