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El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires reasigna miles de millones de pesos y ajusta partidas en el Tribunal de Cuentas y el Astillero Río Santiago, revelando una profunda reingeniería financiera y el sostenimiento estatal de empresas clave.
El Boletín Oficial bonaerense ha sido testigo de dos resoluciones explosivas del Ministerio de Economía que sacuden el tablero financiero provincial. Por un lado, la Resolución 102-MECONGP-2026 revela una serie de transferencias internas de créditos por un total que supera los $27 mil millones de pesos para el Honorable Tribunal de Cuentas. Esta movida, justificada para "permitir la correcta imputación al cierre del Ejercicio 2025" y financiar mayores erogaciones en "Gastos en Personal", también implica una transferencia de cuatro cargos de Planta Permanente a Planta Temporaria. ¿Se busca mayor flexibilidad o precarización en el organismo que debe controlar las cuentas? La medida se enmarca en el Presupuesto General Ejercicio 2023, prorrogado para 2025 y 2026, lo que ya de por sí genera interrogantes sobre la estabilidad presupuestaria.
Pero el plato fuerte lo trae la Resolución 104-MECONGP-2026, que destapa una inyección monumental de fondos en el Ente Administrador Astillero Río Santiago. En un gesto que subraya la dependencia estatal de esta emblemática empresa, se aprueban reasignaciones de créditos y un refuerzo multimillonario de "Obligaciones a Cargo del Tesoro" para cubrir, principalmente, "gastos en personal". Se habla de una transferencia de créditos por $69.658.229.037 y un incremento en contribuciones figurativas por $69.305.079.496, resultando en una ampliación neta de $69.117.522.321. Además, se disminuye el Cálculo de Recursos de Organismos Descentralizados en $187.557.175 y se incrementa otra partida en $294.721.886. Este salvataje financiero es clave para mantener a flote al Astillero, pero también expone la delicada situación económica de las empresas públicas y el costo que asume el erario provincial para su sostenimiento. La decisión, que se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.557, es un claro ejemplo de la intervención estatal para garantizar la operatividad de sus organismos, en un contexto de presupuesto prorrogado que obliga a constantes ajustes.
