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El Ministerio de Economía aprobó una circular modificatoria para la licitación de tramos viales, avanzando en el plan de concesión por peaje y la privatización de Corredores Viales S.A.
El Ministerio de Economía sigue adelante con su ambicioso plan para la infraestructura vial, anunciando una actualización en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A. y la implementación de la “Red Federal de Concesiones”. A través de la Resolución 555/2026, se aprobó la incorporación de la Circular Modificatoria N° 2 a los pliegos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25.
Esta licitación, enmarcada en la Etapa II-B del proyecto, tiene como objetivo la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. Los tramos involucrados son el Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte.
La medida busca eliminar el déficit que genera la operación de la red vial para el Estado Nacional, transfiriendo la gestión al sector privado. Esto significa que la inversión, el mantenimiento y la operación de estos corredores estarán a cargo de empresas privadas, que recuperarán su inversión a través del cobro de peajes. Para los usuarios, esto podría implicar una mejora en la calidad y el mantenimiento de las rutas, aunque también podría llevar a ajustes en las tarifas de peaje.
La privatización total de Corredores Viales S.A. fue declarada por la Ley 27.742, y el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento de concesión. Este tipo de iniciativas son un fuerte mensaje de apertura al capital privado en sectores estratégicos, buscando eficiencia y descargando al erario público de responsabilidades operativas y de inversión. La publicación de esta circular es un paso técnico pero fundamental que reactiva y transparenta el proceso licitatorio, invitando a más actores a participar.
El Gobierno espera que esta estrategia no solo mejore la infraestructura vial, sino que también contribuya a equilibrar las cuentas del Estado al reducir subsidios y gastos operativos. Se trata de una apuesta por la descentralización y la eficiencia privada en la gestión de servicios públicos esenciales.
