¡INAES EN PIE DE GUERRA CONTRA COOPERATIVAS IRREGULARES!

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha desatado una verdadera cruzada contra la irregularidad en el sector cooperativo. En una movida que promete sacudir los cimientos de algunas entidades, el organismo publicó dos avisos oficiales que ponen en la mira a dos cooperativas por graves faltas.

La Buenos Aires Limitada, con la soga al cuello

La Cooperativa de Trabajo La Buenos Aires Limitada (CUIT 30-71172569-1, matrícula N° 38.061) fue la primera en recibir el mazazo. Por Resolución RESFC-2025-1223-APN-DI#INAES, se ordenó la suspensión de su operatoria y, lo que es aún más grave, la instrucción de un sumario. Esto, en el marco del expediente EX-2025-67871851- -APN-CSCYM#INAES, conforme a los incisos c) y d) del artículo 1 de la Resolución INAES 1659/16 (T.O. 3916/18). La Dra. Viviana Andrea Martinez fue designada como instructora sumariante.

Colaboradores Unidos: ¡Alerta Roja por falta de papeles!

Pero no es la única. La Cooperativa de Trabajo “Colaboradores Unidos” Limitada (matrícula N° 59608) también se encuentra en la mira. El INAES ordenó instruirle sumario (EX-2025-66713019-APN-CSCYM#INAES, RESFC-2025-1107-APN-DI#INAES) por incumplimientos flagrantes a la Ley N° 20.337. La acusación es contundente: adeudan la totalidad de la documentación relacionada a los ejercicios cerrados desde su constitución. ¡Una verdadera bomba!

La Dra. Patricia Elsa Urga, instructora sumariante, emplaza a la entidad a presentar su descargo y ofrecer pruebas en un plazo de DIEZ (10) días, más los que correspondan por distancia, bajo apercibimiento de cierre de actuaciones.

¿Qué significa esto para el sector? El INAES está enviando un mensaje claro: la transparencia y el cumplimiento normativo no son negociables. Aquellas cooperativas que no tengan sus papeles en regla o no cumplan con la ley, enfrentarán graves consecuencias. Es un llamado de atención a todas las entidades para que revisen su situación y eviten sorpresas desagradables. La medida busca garantizar la correcta fiscalización y el buen funcionamiento del asociativismo, protegiendo a los socios y la economía social.