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En una movida que redefine la estructura estatal, el Ministerio de Justicia lanza un plan de retiro voluntario para miles de empleados vinculados a los Entes Cooperadores. ¿Se viene la "justicia ágil" o una precarización encubierta?
El Ministerio de Justicia, mediante la Resolución 27/2025, ha puesto en marcha un ambicioso "PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO" que impactará directamente en el personal contratado por los "Entes Cooperadores" que prestan servicios en áreas clave como los Registros de la Propiedad Automotor e Inmueble, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esta medida se suma a un plan anterior con ACARA, donde ya se adhirieron más de 2.000 agentes, consolidando una tendencia de "reorganización y reforma del Estado" bajo el lema de "gestión pública transparente, ágil, eficaz y de calidad".
El plan está dirigido a empleados con contrato de trabajo por tiempo indeterminado (Ley N° 20.744) y, lo más sorprendente, es que no generará "erogación presupuestaria alguna" para el Estado Nacional. Los costos y la "gratificación extraordinaria por el cese laboral" serán asumidos por los fondos emergentes de los Convenios Marco de Cooperación Técnica y Financiera que el Ministerio mantiene con estos entes (Cámara de Comercio Automotor, Colegios Públicos de Abogados y Escribanos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, CAPIF).
Esta decisión, enmarcada en la "emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética" declarada por la Ley N° 27.742, busca "optimizar los recursos disponibles" y "racionalizar" la planta de personal. Los críticos, sin embargo, alertan sobre las posibles consecuencias de una desvinculación masiva en áreas sensibles de la administración pública, que podrían afectar la calidad y continuidad de los servicios prestados a ciudadanos y empresas.
La implementación de este plan de retiros voluntarios podría transformar radicalmente el funcionamiento de organismos vitales para la economía y la vida cotidiana. Desde la registración de un auto hasta la inscripción de una propiedad o una empresa, la eficiencia de estos entes es fundamental. ¿Logrará el Ministerio de Justicia una "gestión ágil" con menos personal o se enfrentará a un colapso de trámites y una mayor burocracia? La ciudadanía espera respuestas y soluciones, no solo recortes.
