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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) lanza un sistema para rastrear deudas y ajusta la certificación de firmas. ¿Se viene la transparencia o más burocracia para cooperativas y mutuales?
El INAES, el organismo que regula a las cooperativas y mutuales, acaba de meter un bombazo con la Resolución 3199/2024: aprobó un flamante Sistema de Préstamos y Refinanciación de Deuda. ¿Por qué es esto tan importante? Porque, según un informe de la Sindicatura General de la Nación, ¡no podían saber quiénes estaban en mora! ¡Una locura! Esto significa que el Estado prestaba plata a entidades y no tenía un control claro sobre la recuperación de esos fondos. La nueva medida busca poner fin a este descontrol, incorporando un módulo de seguimiento de morosidad y refinanciación, prometiendo una gestión "más eficaz y eficiente".
Esto impacta directamente en las miles de cooperativas y mutuales que operan en el país, ya que el control sobre los apoyos financieros será mucho más estricto. Si sos parte de una de estas entidades, ¡andá preparando los papeles porque el ojo del Estado va a estar más encima que nunca! La idea es optimizar el control de los fondos públicos, pero para algunas podría significar más presión y menos flexibilidad en el acceso a la asistencia.
Y como si fuera poco, la Resolución 3211/2024 del INAES también le metió mano a la certificación de firmas. Antes, había un sistema "descentralizado" que ahora consideran "obsoleto" por el avance de las tecnologías digitales. ¿El cambio? A partir de ahora, solo los funcionarios de nivel C o superior de las Direcciones Nacionales podrán certificar firmas, y exclusivamente en documentos de su área de competencia. Esto busca "asegurar la celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia", según el organismo. En la práctica, podría centralizar aún más los trámites y, aunque se argumenta eficiencia, algunos podrían verlo como un cuello de botella si no se implementa con agilidad. Se deroga la Resolución N.º 2086/2021 y cualquier otra norma que se oponga. Para el ciudadano de a pie o el directivo de una mutual, esto significa que la ventanilla para certificar documentos se achica y hay que estar atento a quién es el funcionario habilitado. Un doble golpe de tuerca para el sector asociativo.