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El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sufre una profunda reestructuración, dejando sin efecto resoluciones que creaban áreas en la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas. ¿Un achique que afecta los derechos de los pueblos originarios?
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo clave para la implementación de políticas públicas destinadas a los pueblos originarios, ha sido blanco de una fuerte reestructuración interna. La Resolución 123/2024 del INAI deja sin efecto una docena de resoluciones previas que, entre 2020 y 2021, habían creado diversas áreas en la órbita de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas y de la Presidencia del Instituto. Esta movida, justificada en la necesidad de "lograr mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas", genera una readecuación profunda de la estructura organizativa funcional.
Aunque el texto habla de "mejorar la calidad y eficiencia de la gestión", la anulación de áreas específicas en la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas podría interpretarse como un achique de las capacidades operativas del INAI para abordar las complejas demandas y derechos de las comunidades indígenas. El INAI, que pasó de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la Jefatura de Gabinete de Ministros, ahora bajo la Vicejefatura de Gabinete del Interior, está siendo alineado con la política general de reorganización del Sector Público Nacional.
Este movimiento se da en un contexto de tensión y debate sobre las políticas hacia los pueblos indígenas. La supresión de estas unidades organizativas podría ralentizar o incluso desarticular programas y proyectos específicos que se venían desarrollando. Para las comunidades indígenas y las organizaciones que las representan, esta "readecuación" podría significar una menor capacidad de respuesta del Estado a sus necesidades y reclamos, afectando derechos fundamentales. La resolución no detalla qué pasará con el personal de esas áreas, lo que añade una capa de incertidumbre. Es fundamental que el INAI transparente cómo esta nueva estructura garantizará el cumplimiento de la Ley N° 23.302 y el Convenio 169 de la OIT, que establece el marco de los derechos indígenas.
