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El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deroga resoluciones clave de los últimos años, lo que implica una readecuación de su estructura funcional. ¿Qué pasará con las políticas de derechos indígenas?
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) vuelve a estar en el ojo de la tormenta con la Resolución 123/2024. Esta medida deja sin efecto una docena de resoluciones anteriores (fechadas entre 2020 y 2021) que habían creado diversas áreas en la órbita de la Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas y la Presidencia del Instituto. El objetivo declarado es "lograr mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas", en línea con la política general del Gobierno.
La anulación de estas resoluciones implica una simplificación o, potencialmente, una reducción de la estructura funcional del INAI. Si bien el texto no detalla qué áreas específicas se eliminan o fusionan, el hecho de que se derogue un conjunto tan amplio de normas que establecieron oficinas y programas específicos genera incertidumbre. Estas áreas eran responsables de implementar políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas, en el marco de la Ley N° 23.302 y el Convenio 169 de la OIT, que protegen los derechos de estas comunidades.
Para las comunidades indígenas y las organizaciones que trabajan en la defensa de sus derechos, esta "reorganización" podría significar un debilitamiento de los mecanismos institucionales para la afirmación de sus derechos. Si la búsqueda de "eficiencia" se traduce en menos personal, menos recursos o una menor capacidad operativa, las consecuencias podrían ser graves para la implementación de políticas de tierras, cultura, salud y educación indígena. La ciudadanía debe estar atenta a cómo esta reestructuración impacta la capacidad real del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos de los pueblos originarios.
