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El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Provincia de Mendoza firman un convenio clave para relevar y regularizar la situación dominial de tierras ocupadas por comunidades originarias.
En un paso significativo hacia la protección de los derechos territoriales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Provincia de Mendoza han protocolizado un Convenio Marco de Cooperación. Esta alianza, oficializada mediante la Resolución 127/2025, busca establecer un marco de colaboración e intercambio recíproco para el diseño, coordinación y ejecución de políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas que habitan la provincia de Mendoza.
El convenio, suscrito el 8 de abril de 2025, es una ratificación y renovación del compromiso previamente asumido en 2009. Su objetivo principal es abordar la compleja problemática de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Esto implica la elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de un relevamiento exhaustivo, así como el diseño y puesta en marcha de programas de regularización dominial.
La medida se fundamenta en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza sus derechos a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. El INAI subraya la importancia de las facultades concurrentes y el respeto al federalismo de concertación, reconociendo que la solución a estas problemáticas requiere una acción mancomunada entre Nación y provincias, adaptada a las realidades locales.
Para las comunidades indígenas de Mendoza, este convenio representa una esperanza concreta en la regularización de sus territorios, un paso crucial para garantizar su desarrollo cultural, social y económico. La formalización de convenios específicos permitirá avanzar en la seguridad jurídica de sus tierras, un reclamo histórico y fundamental.
"Resulta indispensable la actuación mancomunada para generar espacio de articulación y coordinación entre las dos jurisdicciones en la implementación de políticas públicas destinadas a pueblos indígenas", enfatiza el considerando.
Este acuerdo es un ejemplo de cómo la articulación entre distintos niveles de gobierno puede generar herramientas efectivas para saldar deudas históricas y avanzar en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. El desafío ahora será la implementación efectiva y rápida de estas políticas para que las comunidades vean concretados sus derechos.
20 de febrero de 2026
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19 de febrero de 2026