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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajusta sus reglas de contratación para exigir que las empresas que le presten servicios tercerizados incluyan al menos un 4% de personas con discapacidad. Un paso hacia la inclusión laboral, pero que genera dudas sobre su aplicación práctica.
¡Un golpe a la indiferencia laboral! La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Disposición 54/2024, ha modificado sus normas de contratación para asegurar la inclusión laboral de personas con discapacidad. A partir de ahora, toda empresa que aspire a tercerizar servicios para la ARCA deberá comprometerse a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación.
Esta medida no es nueva en su espíritu, ya que se basa en la Ley N° 22.431 (Sistema de Protección Integral de los Discapacitados) y el Decreto N° 312/2010, que ya establecían esta obligación para el Estado. Sin embargo, esta disposición busca armonizar esas pautas con los procesos internos de contratación de la ARCA, eliminando posibles "imposibilidades prácticas" que obstaculizaran su cumplimiento.
La norma aclara que este porcentaje será exigible "cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos una persona". Además, si por las particularidades del servicio no fuera posible contar con personal con discapacidad que reúna las condiciones de idoneidad, el oferente deberá presentar una declaración jurada fundamentando dicha imposibilidad.
Esto es crucial para evitar que la norma se convierta en letra muerta o en una trampa burocrática. Para los ciudadanos comunes, esta es una señal positiva del Estado que busca ser un motor de igualdad de oportunidades. Para las empresas, implica un desafío en la gestión de recursos humanos y la necesidad de adaptar sus procesos de selección. La medida entrará en vigencia a los CINCO (5) días hábiles administrativos desde su publicación y se aplicará a los nuevos procedimientos de selección. ¿Será este un verdadero avance hacia la inclusión o una nueva complicación para los proveedores del Estado?
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