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Cuatro resoluciones explosivas revelan cómo la galopante inflación obliga a la Provincia de Buenos Aires a recalcular los costos de obras, tecnología, vehículos y hasta la comida, impactando directamente en las arcas públicas.
La Provincia de Buenos Aires se ve forzada a revisar los precios de contratos clave, desnudando el impacto brutal de la inflación en las finanzas públicas. Cuatro resoluciones recientes del Organismo Provincial de Contrataciones (OPCGP) confirman ajustes millonarios en adquisiciones fundamentales, desde materiales de construcción hasta viandas para organismos estatales, pasando por equipos informáticos y vehículos.
La Resolución N° 49 autoriza la revisión de precios para la compra de chapas, tirantes y clavaderas para organismos provinciales. Empresas como BQL S.A., EPC S.A., MEGACER S.R.L. y SERVIGALO S.R.L. lograron que se les reconozca un aumento superior al 5% en los costos, utilizando índices como el ICC del Gran Buenos Aires. Esto significa que la construcción pública será más cara de lo inicialmente presupuestado.
Por su parte, la Resolución N° 51 ajusta el valor de PCs, notebooks y tablets. CLICKIT S.A. obtuvo la revisión de sus precios, mientras que LOGIA SOLUTION S.R.L. vio su solicitud desestimada por no alcanzar el umbral del 5% de variación del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) en "Máquinas y aparatos eléctricos". Un golpe para unos, un respiro para otros en el sector tecnológico.
La Resolución N° 52 no se queda atrás, y habilita la revisión de precios para la adquisición de camiones y furgones. IVECAM SA consiguió actualizar algunos de sus renglones, mientras que SIMONE MOBILITAS S.A. no tuvo la misma suerte. Los índices de ACARA y el IPIM fueron claves para justificar el encarecimiento de la flota provincial.
Finalmente, la Resolución N° 53 impacta directamente en la mesa de los organismos: se revisan los precios de viandas y otros alimentos. BELCLAU S.A. y COLOFERRO S.A. lograron que se les reconozca el incremento, basados en el IPIM de "Alimentos y bebidas".
"Estas revisiones son un termómetro de la economía. El costo de vida y la producción no dan tregua, y el Estado termina pagando la factura," advierten analistas.
En última instancia, estos ajustes se traducen en un mayor gasto público, que se financia con los impuestos de todos los bonaerenses. Las empresas proveedoras, por su parte, logran mantener la rentabilidad de sus contratos en un contexto inflacionario. El mecanismo de revisión, previsto en los pliegos, busca garantizar la continuidad de los servicios y obras, pero a un costo que no para de escalar. La necesidad de adaptar los contratos a la realidad económica es innegable, pero plantea un desafío constante para la planificación presupuestaria provincial.
