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El gobierno bonaerense revisa los costos de convenios marco para herramientas, servicios de jardines maternales, camiones, agua potable, papelería y blanquería, con aumentos y rechazos que impactan directo en las arcas públicas y la provisión de servicios esenciales.
Las últimas resoluciones de la Oficina de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires (OPCGP) revelan una batalla constante contra la inflación, al ajustar o desestimar revisiones de precios en múltiples convenios marco. Esto significa que los costos de bienes y servicios fundamentales para el funcionamiento del Estado provincial están en un vaivén permanente.
Varias empresas lograron la luz verde para actualizar sus precios, mientras que otras se quedaron en la puerta. Por ejemplo, ABEJARUCO PLATENSE S.A., ISOMAD S.A. y REZZONICO HECTOR AQUILES vieron sus solicitudes aprobadas para herramientas, lo que les permite mantener la rentabilidad. Similar suerte corrieron DIAZ ANALIA SILVINA, MACRIME S.R.L., OSOFETE S.A. y RODRIGO Y SEGOVIA S.R.L. en el crucial servicio de jardines maternales. La provisión de camiones también sufrió retoques para IVECAM SOCIEDAD ANONIMA, y el agua potable de DISTRIBUIDORA LACTRES S.A. no se salvó de la escalada. Finalmente, SERVI GALO S.R.L. consiguió un respiro para los colchones y blanquería.
Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra a FERRETERIA PLATENSE SCABUZZO E HIJOS S.R.L. (en algunos renglones), FERRETERIA DEL SANTA S.A., CUDUGNELLO LUCAS SEBASTIAN, SIMONE MOBILITAS S.A. y GRUPO SALA S.A. con sus pedidos desestimados por no superar el umbral del 5% de variación. Para estas firmas, la situación se vuelve compleja, enfrentando márgenes reducidos o incluso pérdidas.
Estas medidas se enmarcan en la Ley N° 13.981 y el Decreto Reglamentario N° 59/19, con las actualizaciones del Decreto N° 1314/22. La metodología para los ajustes es un verdadero rompecabezas económico, utilizando índices como el IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor) para insumos y productos manufacturados, salarios básicos para servicios (como los preceptores de jardines maternales) y hasta la Guía Oficial de Precios de ACARA para vehículos. La provincia, en definitiva, se ve obligada a una renegociación constante para evitar la paralización de servicios esenciales, lo que genera un mayor gasto público que, inevitablemente, repercute en los presupuestos futuros y, en última instancia, en el bolsillo de todos los bonaerenses.
La burocracia estatal procesa innumerables solicitudes, demostrando la complejidad de gestionar la administración pública en un escenario de alta volatilidad de precios. Los ciudadanos deben estar atentos a cómo estos ajustes impactan en el presupuesto provincial y, por ende, en la calidad y disponibilidad de los servicios públicos.
