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La Provincia de Buenos Aires se ve obligada a recalcular los costos de insumos vitales, desde materiales de construcción hasta viandas y tecnología, tras la escalada inflacionaria que pulverizó los convenios marco. Un golpe al bolsillo estatal y un respiro para los proveedores.
El gobierno bonaerense ha dado luz verde a una serie de ajustes de precios en contratos clave que mantenía con diversas empresas, una medida que evidencia la fuerza destructora de la inflación sobre las finanzas públicas y el sector privado. Cuatro resoluciones, la 49, 51, 52 y 53 de la OPCGP-2026, revelan que la provincia tuvo que revisar los valores de bienes tan dispares como chapas y tirantes para construcción, equipos informáticos (PCs, notebooks y tablets), camiones y furgones, y hasta viandas.
La norma establece que, si la variación de precios supera el 5%, se habilita la revisión. Y vaya si lo superaron. Las empresas BQL S.A., EPC S.A., MEGACER S.R.L. y SERVIGALO S.R.L. vieron ajustados los costos de sus materiales de construcción, utilizando índices del ICC para el Gran Buenos Aires. Por su parte, CLICKIT S.A. logró una actualización para sus equipos tecnológicos, basándose en el IPIM de Máquinas y aparatos eléctricos, mientras que LOGIA SOLUTION S.R.L. se quedó con las manos vacías al no alcanzar el umbral del 5%.
En el rubro automotor, IVECAM SA consiguió una revisión para algunos de sus camiones y furgones, pero otros renglones, incluyendo los de SIMONE MOBILITAS S.A., fueron desestimados por no cumplir con el requisito de variación. Finalmente, las empresas BELCLAU S.A. y COLOFERRO S.A. obtuvieron luz verde para ajustar los precios de las viandas, aplicando el IPIM de "Alimentos y bebidas".
"Esta es una clara muestra de cómo el Estado se ve forzado a adaptarse a una realidad económica volátil, buscando mantener la operatividad de sus servicios sin quebrar a sus proveedores", comentó un analista cercano al gobierno. La metodología, que se apoya en índices del INDEC y ACARA, busca dar un marco de "razonabilidad" a estos incrementos. Sin embargo, el impacto en el presupuesto provincial es innegable, con millones de pesos adicionales que deberán ser desembolsados para garantizar la continuidad de los servicios y obras públicas.
