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La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral se vio obligada a actualizar sus límites monetarios para licitaciones y concursos debido a la imparable inflación del 117% en 2024. ¡Un claro reflejo del impacto económico en las arcas del Estado!
La realidad económica argentina no da tregua, y ni siquiera los organismos estatales pueden escapar de su impacto. La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (sí, la misma que regula los impuestos entre provincias) acaba de publicar la Resolución General 4/2025, donde anuncia una nueva actualización de los montos límite para sus procesos de contratación de bienes, obras y servicios.
La razón es contundente: la depreciación monetaria. Según el propio texto oficial, el ajuste se debe a que el índice de precios al consumidor con cobertura nacional para 2024 fue del ¡117 por ciento! A esto se suma la variación del tipo de cambio y de los precios de referencia.
Con esta resolución, los nuevos topes para las contrataciones son:
Estos números, que pueden parecer fríos, son un termómetro de la inflación galopante y cómo impacta en el día a día del Estado. Lo que antes se podía comprar con un monto, hoy requiere más del doble.
Para el ciudadano común, esta es una señal más de la pérdida de valor de la moneda. Para las empresas que buscan contratar con el Estado, implica que los umbrales para los distintos tipos de licitaciones se han elevado considerablemente. Esto podría significar que más contrataciones caigan bajo modalidades menos exigentes (como concursos privados o directas) si los montos no escalan al mismo ritmo que la inflación, aunque en este caso, los topes se ajustaron para reflejar el valor actual del dinero.
Es una medida administrativa necesaria para que el organismo pueda seguir operando y contratando eficientemente, adaptándose a la realidad económica del país. Sin este tipo de actualizaciones, el Estado se vería imposibilitado de adquirir bienes y servicios a precios de mercado. Es crucial que estos ajustes se realicen de manera transparente y que los procesos de contratación sigan siendo competitivos para garantizar la mejor asignación de recursos públicos.
