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La Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó autorizaciones clave al personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ignorando una deuda de tasas regulatorias "por razones de interés público", desatando el debate sobre privilegios estatales.
En una decisión que seguramente generará polémica, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha decidido pasar por alto las deudas de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), otorgando autorizaciones específicas y permisos individuales a su personal para operar en Instalaciones Clase I y Clase II. La medida, oficializada en la Resolución 58/2026, se justificó bajo el controvertido paraguas de las "razones de interés público", a pesar de que la CNEA adeudaba el pago de la tasa regulatoria.
La Ley N° 24.804 es clara: toda persona física o jurídica que desarrolle una actividad nuclear debe ajustarse a las regulaciones de la ARN y, fundamentalmente, abonar anualmente y por adelantado una tasa regulatoria. Sin embargo, en el caso de la CNEA, la ARN hizo una excepción. Si bien se aplicarán intereses punitorios, el principio de pago previo fue flexibilizado, una situación que difícilmente sería tolerada a una empresa privada.
Esta decisión plantea una doble vara en el sector: mientras que los actores privados deben cumplir a rajatabla con sus obligaciones fiscales para operar, un organismo estatal recibe un trato preferencial. Esto no solo genera una percepción de injusticia competitiva, sino que también puede sentar un precedente peligroso, erosionando la equidad regulatoria y la confianza en la imparcialidad de los controles.
La ARN fundamentó su accionar en la necesidad de mantener operativas las instalaciones nucleares estratégicas, consideradas de "interés público". La Resolución ARN N° 452/19 permite dar curso favorable a trámites en casos excepcionales, autorizando el pago posterior con intereses. Pero, ¿hasta dónde se estirará este concepto para justificar el incumplimiento de las normas?
La CNEA es una entidad crucial para el desarrollo nuclear del país, pero la transparencia y el cumplimiento normativo deberían ser intachables para todos, sin excepciones. La flexibilidad en el cobro de tasas regulatorias, aunque compensada con intereses, abre la puerta a cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos y la igualdad de condiciones entre todos los actores del sector. Es fundamental que los organismos estatales, al igual que los privados, sean ejemplares en el cumplimiento de todas las normativas, incluidas las financieras, para garantizar la credibilidad y la solidez del sistema regulatorio.
