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El Ministerio de Justicia prorroga una designación clave en control presupuestario y asigna funciones transitorias en Derechos Humanos. Movimientos rutinarios, pero que revelan la burocracia estatal y la falta de concursos definitivos.
Mientras la atención pública se centra en grandes anuncios, el Ministerio de Justicia sigue moviendo sus piezas internas con decisiones que, aunque administrativas, son vitales para el funcionamiento del Estado. En esta ocasión, se publicaron dos disposiciones que confirman la prolongación de cargos transitorios y la asignación de nuevas funciones dentro de la cartera.
Por un lado, la Disposición 41/2026 extiende por 180 días hábiles la designación de la magíster Sandra Melisa RODRIGO (D.N.I. Nº 31.437.685) como Directora de la DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, CONTROL PRESUPUESTARIO Y EVALUACIÓN DEL GASTO JURISDICCIONAL. La justificación es la 'no tramitación del proceso de selección' para cubrir el cargo de manera definitiva, una situación recurrente en la administración pública que mantiene a muchos funcionarios en la cuerda floja de la transitoriedad. Esta dirección es clave para la gestión de los recursos del Ministerio, y su prórroga asegura la continuidad, pero también posterga la estabilidad.
Por otro lado, la Disposición 39/2026 asigna, a partir del 25 de agosto de 2025, la función de Coordinadora de la COORDINACIÓN LEYES Nros. 24.043, 26.564 Y EXILIO FORZADO a la abogada Roxana Carmen LODICO (D.N.I. N° 21.602.541). Lodico, ya parte de la planta permanente del Ministerio, asumirá este rol transitorio por un plazo que no excederá los tres años. Esta coordinación es fundamental para abordar temas sensibles relacionados con leyes de reparación y derechos humanos, y la elección de una funcionaria de planta busca garantizar la continuidad y el conocimiento en un área tan específica.
Estos movimientos, aunque no generan un impacto directo en el bolsillo del ciudadano común, reflejan la dinámica burocrática del Estado, donde la gestión de personal y la ocupación de cargos se realizan muchas veces con carácter provisorio, a la espera de concursos que rara vez se concretan en tiempo y forma. El gasto asociado a estas medidas será cubierto con las partidas presupuestarias ya asignadas al Ministerio de Justicia.
