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El Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAYC) otorgó casi 20 millones de pesos en subsidios a dos cooperativas de trabajo, la 'Libres Limitada' y la '24 de Diciembre Limitada', para impulsar su producción y equipamiento.
En un fuerte espaldarazo a la economía social, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAYC), desembolsó una suma cercana a los 20 millones de pesos en subsidios directos para dos cooperativas de trabajo. Las beneficiarias son la COOPERATIVA DE TRABAJO LIBRES LIMITADA y la COOPERATIVA DE TRABAJO 24 DE DICIEMBRE LIMITADA, en el marco del ambicioso Programa “Cooperativas en Marcha” y su Sub-programa “Impulso Cooperativo”.
El programa "Cooperativas en Marcha", creado por Resolución N° 674/2020 y relanzado en 2024, tiene como meta central promover el fortalecimiento y desarrollo de las cooperativas bonaerenses, integrándolas al sistema productivo provincial. El IPAYC, creado por Decreto N° 208/2024 y modificado por Decretos N° 642/2025 y N° 3232/2025, es el brazo ejecutor de esta política, con independencia técnica y autonomía financiera. Su objetivo es claro: fomentar las actividades cooperativas y desarrollar líneas de asistencia económica.
La Cooperativa de Trabajo Libres Limitada, con domicilio en Curapaligüe N° 1546 de Tapiales, partido de La Matanza, recibió un subsidio de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000,00). ¿El destino? La adquisición de materias primas e insumos, un impulso vital para su cadena productiva.
Por su parte, la Cooperativa de Trabajo 24 de Diciembre Limitada, ubicada en Isabel de Pardo N° 2670 de Castelar, partido de Morón, fue beneficiada con PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($9.996.998,90). En este caso, el dinero se destinará a solventar la adquisición de equipamiento de trabajo, clave para modernizar y optimizar sus operaciones.
Ambas cooperativas deberán rendir cuenta documentada de la utilización de los fondos en un plazo máximo de 180 días, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos. Esta política subraya el rol activo del Estado en el fomento de la economía social, buscando generar empleo y desarrollo local a través de modelos asociativos. Para los ciudadanos, significa una apuesta por la producción local y el fortalecimiento de entidades que, a menudo, son motores de sus comunidades.
