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El IPS bonaerense reconoce y liquida jubilaciones y pensiones póstumas a familiares de docentes y agentes públicos, destapando historias de luchas burocráticas y derechos finalmente reconocidos.
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires sigue resolviendo expedientes con desenlaces agridulces. Varias resoluciones recientes confirman la complejidad y la lentitud que a veces envuelven los trámites jubilatorios, donde los beneficios son reconocidos... ¡después del fallecimiento de los titulares!
En un caso que resalta la burocracia, la Resolución N° 33440 reconoce a Miriam Beatriz RODRIGUEZ (DNI N° 16.800.697) el derecho a su jubilación ordinaria como Secretaria de Enseñanza Media y Técnica y Maestra Especializada, con 31 años de antigüedad. El beneficio debía liquidarse desde octubre de 2016 hasta su fallecimiento en marzo de 2024. Ahora, sus herederos son quienes podrán cobrar esas sumas devengadas. Además, su cónyuge supérstite, Carlos Alberto IHA (DNI N° 14.312.287), recibirá la pensión correspondiente a partir del día siguiente al deceso.
Similares situaciones se repiten. La Resolución N° 32271 declara el derecho a pensión para Loreto SCENNA (DNI N° 93.129.647), cónyuge supérstite de Beatriz Haydee ALVAREZ. Lamentablemente, SCENNA también falleció durante el trámite, por lo que sus herederos son los beneficiarios de los haberes devengados entre junio de 2024 y julio de 2025.
Finalmente, la Resolución N° 33.602 otorga a Claudia Ivana AHUMADA (DNI N° 16.178.501) el derecho a su jubilación ordinaria como Maestra de Grado de Colegios Privados, con 24 años de antigüedad, desde abril de 2014 hasta su fallecimiento en enero de 2023. Su cónyuge, Juan Marcelo MONTEAGUDO (DNI N° 14.517.128), recibirá la pensión desde enero de 2023. Curiosamente, se realizó un reajuste jubilatorio por servicios en la Dirección General de Cultura y Educación, pero sin efectos patrimoniales ya que no fue solicitado a tiempo.
Estos casos ponen de manifiesto la importancia de iniciar los trámites previsionales con la mayor anticipación posible y de estar bien asesorado para evitar que los derechos se diluyan en la maraña burocrática. Para los ciudadanos, es un recordatorio de que la previsión es clave y que, lamentablemente, a veces la justicia llega tarde.
