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El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires resuelve casos de jubilación y pensión, incluyendo el reconocimiento de derechos y la gestión de cargos deudores por haberes percibidos en demasía o extracciones post-mortem.
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires publicó resoluciones importantes relativas a beneficios previsionales. En el caso de Elba Graciela SAGGION (DNI N° 6.076.217), se le reconoce el derecho a la Jubilación Ordinaria (80% y 64% de sueldo y bonificaciones, según cargo) desde el 1° de marzo de 2013 hasta su fallecimiento el 26 de junio de 2017. Sin embargo, la resolución también establece un cargo deudor de $13.189,67 por haberes percibidos indebidamente y otro de $189.262,06 por extracciones realizadas después de su fallecimiento. Los derechohabientes son intimados a cancelar la deuda o acordar un convenio, bajo apercibimiento de acciones legales y la intervención de la justicia por posible delito público.
En otro expediente, el IPS acordó el beneficio de Pensión a María Cecilia CONDE (DNI N° 16.775.016) como cónyuge supérstite de Fernando German ALVAREZ, a partir del 19 de mayo de 2024, equivalente al 75% del haber jubilatorio del causante.
Finalmente, se reconoció el derecho a Jubilación Ordinaria a Haydee Margarita RODRIGUEZ (DNI N° 5.656.551), quien se desempeñó como Secretaria de Jefatura EPC con 26 años de antigüedad en la Dirección General de Cultura y Educación. El beneficio debía ser liquidado desde el 1° de marzo de 2015 hasta su fallecimiento el 19 de abril de 2023, y se aclara que ya venía percibiendo el beneficio de manera transitoria. Cualquier suma a su favor será de legítimo abono para sus herederos.
Estas resoluciones son parte de la gestión rutinaria del IPS, pero destacan la importancia del control sobre los pagos para evitar percepciones indebidas y la necesidad de regularizar situaciones tras el fallecimiento de los beneficiarios. Para los ciudadanos, es crucial estar informados sobre los procedimientos de recursos y plazos (20 días para revocatoria) en caso de disconformidad con las resoluciones del Instituto.
