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El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires se sacude con resoluciones que reconocen servicios insalubres a una médica, al tiempo que exige la devolución de sumas millonarias a jubilados por incompatibilidad y notifica embargos. Un combo explosivo que afecta directamente el bolsillo de los beneficiarios y la caja del Estado.
El Boletín Oficial de hoy destapa un nido de resoluciones del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires que ponen en jaque la estabilidad financiera de algunos jubilados y la propia caja del organismo. Por un lado, la Resolución N° 35322 le da una bocanada de aire a Rosa Beatriz KITAGAWA, una médica que vio reconocidos sus servicios como residente y concurrente en el Hospital Interzonal Neuropsiquiátrico de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn” de Melchor Romero. ¡Atención! Se trata de periodos desde 1998 a 2003 y de 2005 a 2007, que ahora son considerados insalubres a los fines previsionales. Esto no es un detalle menor: implica un recálculo crucial para su futura jubilación.
Sin embargo, la otra cara de la moneda es mucho más amarga. La Resolución N° 35050 revela un terremoto previsional para Mirta Graciela DEL VALLE, a quien el IPS le exige la devolución de la friolera de $42.383.790,10 por haberes percibidos indebidamente entre el 1 de febrero de 2021 y el 3 de febrero de 2025. ¿El motivo? Una incompatibilidad detectada por el famoso 'cruce con ANSES', ya que la señora seguía trabajando mientras cobraba su jubilación. La propuesta de la beneficiaria de pagar un 5% de sus haberes fue rechazada por insuficiente, y el IPS le aplicará un descuento del 20% hasta saldar la deuda. Un golpe durísimo que deja a muchos en alerta sobre los controles del sistema.
Pero el drama no termina ahí. La misma resolución notifica a Norberto Ventura MORALEJO (DNI 5.049.985) sobre una medida cautelar de inhibición general de bienes por una deuda pendiente de $383.096,05, ¡más intereses! El Estado no perdona y va con todo para recuperar lo adeudado. Estos casos son un claro recordatorio de que el ojo del Estado está más atento que nunca a las incompatibilidades y deudas previsionales, y que los controles se endurecen. Para el ciudadano común, esto significa revisar con lupa su situación si percibe un beneficio y realiza otras actividades. El mensaje es claro: las deudas con el IPS se cobran, y caro.
