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Desde la jubilación por edad avanzada de una exfuncionaria hasta la absolución de cargos en el Tribunal de Cuentas, el engranaje administrativo bonaerense no se detiene, revelando movimientos clave en la gestión pública y previsional.
El Boletín Oficial de hoy nos trae una serie de resoluciones que, aunque rutinarias, son vitales para el funcionamiento del Estado provincial. Por un lado, el Instituto de Previsión Social (IPS) ha acordado el beneficio de Jubilación por Edad Avanzada a Susana Beatriz Dappello, ex-agente de la Dirección General de Cultura y Educación. Este trámite, que se liquidará a partir del 1° de abril de 2016 con un 53% del sueldo de su cargo, es un recordatorio constante de los compromisos del Estado con sus trabajadores jubilados.
Pero el plato fuerte viene del Honorable Tribunal de Cuentas, que dictó dos fallos de revisión con implicaciones significativas. En el primero, se dejó sin efecto un cargo de responsabilidad solidaria que pesaba sobre siete agentes municipales de La Plata por el ejercicio 2016. Esta decisión, con fecha 20 de noviembre de 2025, es una bocanada de aire fresco para los implicados, quienes veían pender sobre ellos una sanción económica. La medida demuestra que el control de las cuentas públicas no es un proceso estático y que las revisiones pueden revertir decisiones iniciales, aliviando la carga sobre los funcionarios. Entre los beneficiados se encuentran Julián Matías Agristola, Luis Angel Catalini, Natalia Gisela Mendez, Christian Luciano Martinez, Miguel Angel Alberto Portono, Jorge Antonio Romero y Emiliano Facundo Siciliano.
En un segundo fallo, el Tribunal de Cuentas liberó de responsabilidad a Nicolás Vitale, Director General de Prestaciones, y Bernardo Julio Rodríguez, Director de Finanzas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), por el ejercicio 2015. Esta resolución del 4 de diciembre de 2025 revoca una reserva previa y subraya la complejidad de la rendición de cuentas en organismos de gran envergadura como IOMA, donde la gestión de fondos públicos es constantemente auditada. Estos movimientos, aunque técnicos, son la base de la transparencia y la accountability en la provincia, impactando directamente en la tranquilidad de los funcionarios y la confianza pública en la administración de recursos.
