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El Ministerio de Justicia posterga la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Capital Federal, citando objeciones de la Procuración General. ¿Falta de infraestructura o una puja de poderes que frena la modernización judicial?
Una noticia que resuena fuerte en los pasillos de Comodoro Py: el Ministerio de Justicia ha resuelto, mediante la Resolución 530/2025, diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida, que debía aplicarse el 11 de agosto de 2025, se pospone hasta el 10 de noviembre de 2025 para las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.
El meollo del asunto radica en un "conflicto institucional" con la Procuración General de la Nación, que ha informado no contar con los "requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables" para el inicio del sistema acusatorio en la justicia federal porteña. El Ministerio de Justicia, por su parte, ratifica su "decisión indeclinable" de impulsar la reforma, argumentando que las deficiencias edilicias son resultado de "décadas de falta de previsión" y no pueden ser un freno para una transformación pendiente desde 2014.
El Gobierno Nacional enfatiza su compromiso con la austeridad y la eficiencia, señalando que ha provisto "cooperación técnica y asistencia financiera extraordinaria" para la adecuación. Sin embargo, la brecha entre la visión del Ejecutivo y las capacidades operativas de la Procuración parece haber forzado esta postergación "por única vez y con carácter excepcional e improrrogable".
La implementación del nuevo Código es crucial para agilizar los procesos penales y combatir el crimen de manera más eficiente, adoptando un sistema acusatorio donde el fiscal lleva la investigación y el juez decide. La demora en CABA, centro neurálgico de la justicia federal, genera incertidumbre y prolonga la coexistencia de dos regímenes procesales, que el Ministerio tilda de "problemas normativos y operativos que obstaculizan el funcionamiento del sistema de justicia".
"Esta postergación es un llamado de atención sobre las verdaderas condiciones de nuestro sistema judicial. La seguridad jurídica y la eficacia en la administración de justicia dependen de que los poderes trabajen en sintonía, y aquí parece haber una discordancia profunda." - Analista del Boletín Oficial.
Mientras tanto, el cronograma para otras jurisdicciones se mantiene: Posadas (16 de marzo de 2026) y La Plata (18 de mayo de 2026) verán la plena entrada en vigencia del Código. La ciudadanía deberá seguir atenta a cómo se resuelve esta pulseada institucional que tiene un impacto directo en la lucha contra el delito.

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