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El Ministerio de Justicia difiere la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Capital Federal y Penal Económico hasta noviembre, mientras avanza en otras jurisdicciones. ¡Un revés que genera polémica!
En un movimiento que sacude los cimientos de la reforma judicial, el Ministerio de Justicia ha decidido postergar, por única vez y con carácter excepcional, la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. La nueva fecha para este trascendental cambio será el 10 de noviembre de 2025.
Esta decisión, plasmada en la Resolución 530/2025, llega tras un intenso debate y a pesar de los esfuerzos del Poder Ejecutivo Nacional por impulsar la reforma. El Ministerio de Justicia había desplegado múltiples acciones, incluyendo refacción y equipamiento tecnológico de salas de audiencia, adquisición de software y capacitación intensiva. Sin embargo, la Procuración General de la Nación informó que, desde su perspectiva, "no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables" para el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal de CABA.
La coexistencia de dos regímenes procesales y las deficiencias en infraestructura, acumuladas por décadas, son señaladas como obstáculos. El Gobierno, no obstante, mantiene su postura firme: la reforma "no puede bajo ningún aspecto verse condicionada ni impedida por motivos de índole edilicia o tecnológica". Este diferimiento busca evitar un "conflicto institucional que comprometa el servicio de justicia", otorgando un plazo adicional para intensificar las actividades preparatorias.
Mientras CABA espera, el cronograma de implementación progresa en otras regiones. El Código ya rige en Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia. Además, se confirma su entrada en vigor en:
Esta resolución es crucial para la seguridad jurídica y la eficacia en la administración de justicia. Para el ciudadano, significa que la tan esperada agilización de los procesos penales en la Capital Federal tendrá que esperar unos meses más, generando preocupación sobre la capacidad del Estado para implementar cambios estructurales sin tropiezos. El Ministerio de Justicia ratifica su "voluntad de coordinar todos los esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos necesarios para concluir definitivamente, sin más dilaciones, la implementación integral de la reforma procesal penal federal en todo el territorio nacional." Queda por verse si el nuevo plazo será suficiente.
