Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Justicia pateó para junio la implementación del crucial Sistema Informatizado de Mediación Prejudicial Obligatoria. ¿Ineficiencia o búsqueda de perfección? Abogados y ciudadanos, a esperar por la modernización.
¡Atención, ciudadanos y profesionales del derecho! El Ministerio de Justicia acaba de anunciar una prórroga de NOVENTA (90) días para la puesta en marcha del tan esperado Sistema Informatizado de Gestión Integral de la Mediación Prejudicial Obligatoria. La medida, oficializada mediante la Resolución 140/2026, significa que la modernización del sistema judicial, prevista inicialmente para el 29 de marzo de 2026, ahora se posterga hasta el 27 de junio de 2026.
Este sistema, establecido por el Decreto N° 696/25 y reglamentación de la Ley N° 26.589, busca digitalizar y centralizar los trámites de mediación previa a todo proceso judicial. Su objetivo es optimizar la gestión administrativa, mejorar la trazabilidad de las actuaciones y fomentar la interacción digital entre las partes involucradas. Sin embargo, según el propio Ministerio, la "magnitud de las modificaciones comprometidas" y el "grado de avance" del sistema no fueron suficientes. La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones informó que aún hay "funcionalidades críticas" en desarrollo. Por su parte, la Dirección Nacional de Mediación identificó "diversos aspectos operativos pendientes", como la difusión entre abogados y mediadores, la capacitación necesaria y la generación de credenciales digitales.
Esta prórroga, aunque justificada por la necesidad de asegurar un "correcto funcionamiento", implica que los beneficios esperados por la comunidad legal y los ciudadanos en general se demorarán. La eficiencia, la transparencia y la agilización de los procesos de mediación, que prometía el sistema digital, tendrán que esperar tres meses más. Esto podría generar frustración entre aquellos que ya contaban con esta herramienta para resolver controversias de manera extrajudicial, manteniendo por un tiempo más los procesos manuales y sus inherentes demoras. Es una señal de que la digitalización del Estado, aunque necesaria, enfrenta desafíos considerables en su implementación.
La resolución busca asegurar que el sistema esté "en condiciones necesarias para la adecuada implementación", pero no deja de ser un tropiezo en el camino hacia la modernización judicial.
Para el ciudadano común, esto significa que si tiene un conflicto que requiere mediación, el proceso seguirá siendo en gran parte presencial y con la dinámica actual hasta, al menos, fines de junio. Es fundamental que los abogados y mediadores se mantengan informados sobre las capacitaciones y nuevas normativas que surjan en este período. El Boletín Oficial será la fuente clave para futuras actualizaciones.
