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Una auxiliar de enfermería, que trabajó como becaria hace décadas, consigue que el IPS le reconozca servicios insalubres para su jubilación. Un fallo clave que sienta precedente para miles de trabajadores precarizados y que destapa deudas millonarias con el Estado.
En un fallo que sacude los cimientos del sistema previsional bonaerense, el Instituto de Previsión Social (IPS) ha dictaminado una resolución trascendental para Magdalena del Carmen Rodríguez, una auxiliar de enfermería que prestó servicios como becaria en el Hospital Zonal General de Agudos “Gobernador Domingo Mercante” de José C. Paz entre 1997 y 1998. Este caso, aunque individual, abre la puerta a miles de reclamos similares de trabajadores que, bajo figuras contractuales precarias, fueron en realidad empleados en relación de dependencia.
La medida reconoce los servicios de Rodríguez como "insalubres" a los fines jubilatorios, una categoría que implica un agotamiento prematuro. La clave radica en la doctrina de la causa “Pisano, Juan José c/ Pcia. de Buenos Aires (I.P.S.) Demanda Contencioso Administrativa” del máximo Tribunal Provincial, que establece que estas prestaciones, aunque no configuraban empleo público formal, sí eran una relación de dependencia remunerada. Un golpe a la precarización laboral encubierta que sienta un precedente crucial para el sector de la salud pública.
El reconocimiento no viene sin su costo. Se le imputa a la Sra. Rodríguez un cargo deudor por aportes personales no efectuados de $2.336.582,39. Además, el Estado provincial deberá hacerse cargo de $1.752.436,80 en concepto de contribuciones patronales que nunca se abonaron. El IPS aceptó la propuesta de Rodríguez para saldar su deuda personal en tres cuotas mensuales y consecutivas. Sin embargo, la resolución advierte: la falta de pago de dos cuotas consecutivas o tres alternadas resultará en la caducidad del plan y la recuperación del crédito por vía judicial. La deuda total debe estar saldada antes de acceder al beneficio jubilatorio. Este caso subraya la vulnerabilidad de los becarios y es una señal para que otros ex-becarios revisen su situación. El impacto fiscal para la provincia podría ser considerable si esta resolución sienta un precedente masivo.
