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A pesar del discurso de achicamiento estatal, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado extiende nombramientos temporales de funcionarios.
En una paradoja que no pasa desapercibida, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha resuelto prorrogar designaciones transitorias de varios de sus funcionarios, en un contexto donde el discurso oficial apunta al achicamiento y la eficiencia de la planta estatal.
La Resolución 26/2024, firmada por el Ministro Federico Adolfo Sturzenegger, extiende los nombramientos de Leonardo Danilo GOMEZ como Coordinador de Proyecto de Integralidad Estatal, y por 180 días hábiles a Agustín Hugo MARCONE como Director de Interpretación y Asistencia Normativa, Mario Sebastián GIUGGIO como Director de Sistemas de Información de Empleo Público, y Enrique Jesús LOIS como Coordinador de Análisis del Sistema de Información de Empleo Público.
Estos funcionarios, cuyas designaciones se transfirieron desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, continuarán en sus puestos a pesar de la prohibición general de nuevas designaciones o contrataciones de personal establecida por el Decreto N° 426/2022. Sin embargo, la propia normativa contempla la excepción para las prórrogas de designaciones transitorias, lo que permite esta continuidad.
¿Qué significa esto? Que, aunque se busca desregular y transformar el Estado, la estructura operativa sigue necesitando personal para funcionar, y los procesos de selección para cargos permanentes a menudo son lentos o inexistentes. Los gastos asociados a estas prórrogas se cubrirán con las partidas presupuestarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, lo que indica un traspaso de responsabilidades sin una reasignación presupuestaria formal inmediata. Esto genera un debate sobre la verdadera magnitud de la "transformación" y la velocidad con la que se puede reducir la planta política y administrativa, manteniendo la operatividad de funciones consideradas esenciales. La medida, si bien legal, puede generar cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso y la práctica en la gestión del empleo público.