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Mientras el teatro independiente sufre, el Ministerio de Cultura de CABA sigue a paso firme con la aprobación de **siete nuevos contratos de locación de servicios artísticos**. ¿Quiénes son los beneficiados y qué implicaciones tiene esta inversión en plena crisis?
En una movida que genera más preguntas que respuestas, el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dado luz verde a una serie de resoluciones que aprueban múltiples contratos de locación de servicios artísticos. Las Resoluciones N° 2192/MCGC/26, 2195/MCGC/26, 2199/MCGC/26, 2201/MCGC/26, 2213/MCGC/26, 2217/MCGC/26 y 2218/MCGC/26 son el claro ejemplo de una maquinaria burocrática que no se detiene, destinando fondos a la contratación de artistas en un contexto de austeridad generalizada.
Estos contratos de locación de servicios son la forma en que el Estado porteño vincula a artistas y profesionales de la cultura para diversas actividades: desde espectáculos y talleres hasta producciones específicas. En esencia, son un motor de empleo para el sector, pero su volumen y la simultaneidad con la desestimación de subsidios a PROTEATRO generan un fuerte contraste.
Por un lado, la aprobación de estos contratos es una muestra de que el Ministerio de Cultura sigue activo en su rol de promotor y empleador cultural. Esto es vital para muchos artistas que dependen de estas oportunidades laborales. Sin embargo, la opacidad sobre los detalles de cada contrato —quiénes son los beneficiarios, por qué montos, para qué proyectos específicos— deja un velo de misterio que alimenta la crítica y el debate sobre la transparencia y la eficiencia del gasto público.
"Mientras algunos ven sus proyectos cancelados, otros celebran nuevos contratos. La pregunta es: ¿hay una política cultural coherente o estamos ante decisiones fragmentadas?", se pregunta un reconocido gestor cultural off the record.
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionan los recursos destinados a la cultura, especialmente cuando se perciben decisiones dispares que afectan de manera desigual a los distintos actores del ecosistema artístico. Estas aprobaciones rutinarias, aunque necesarias para el funcionamiento del circuito cultural oficial, invitan a una reflexión profunda sobre las prioridades y la equidad en la distribución de los fondos públicos.
