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La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) renovó licencias clave para personal de la CNEA, *haciendo la vista gorda* ante deudas regulatorias. Mientras otros pagan, el Estado se auto-exonera, justificando la movida por "interés público" y generando un fuerte debate sobre equidad y cumplimiento.
Un nuevo revuelo sacude los pasillos de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). A través de las Resoluciones 303/2025 y 304/2025, fechadas el 4 de julio de 2025, la entidad ha concedido una serie de renovaciones y autorizaciones específicas para el personal que opera en las sensibles Instalaciones Clase I del país. Ambas resoluciones surgen del Acta N° 5/25 de la reunión del Directorio de la ARN del 26 de junio de 2025 (Acta N° 17).
Mientras que la Resolución 303/2025 aprueba renovaciones generales sin mayores sobresaltos para diversas entidades, la Resolución 304/2025 es la que enciende las alarmas. En ella, la ARN decidió otorgar licencias y renovaciones al personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ¡a pesar de que esta última adeuda el pago de la tasa regulatoria establecida por el Artículo 26 de la Ley N° 24.804!
"Sin perjuicio de ello, por razones de interés público, y conforme lo establecido en la Resolución N° 452/19, se dará curso favorable a las respectivas tramitaciones, autorizando a que dicho pago se efectúe con posterioridad."
Esta decisión, que permite a un organismo estatal operar sin estar al día con sus obligaciones fiscales, se ampara en "razones de interés público" y una resolución anterior (N° 452/19) que habilita este tipo de excepciones. Si bien se aplicarán "intereses punitorios", la medida genera una clara ventaja para la CNEA frente a otros operadores nucleares que deben cumplir rigurosamente con sus pagos anuales y por adelantado.
¿Es el "interés público" un cheque en blanco para eludir las normativas financieras? ¿O es una medida pragmática para garantizar que actividades estratégicas como la producción de radioisótopos para medicina o la generación de energía nuclear no se detengan por cuestiones administrativas? La situación pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de operatividad estatal y el principio de igualdad ante la ley. Para los ciudadanos, esto significa que las operaciones nucleares vitales continuarán. Sin embargo, también revela una flexibilidad regulatoria para el Estado que no se extiende a otros actores, lo que podría percibirse como un privilegio. Es crucial que la CNEA regularice su situación y que la ARN transparente los criterios exactos para aplicar estas excepciones.
