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La Inspección General de Justicia (IGJ) emitió una Resolución General que modifica el régimen de trámites, reduciendo exigencias formales para designación de administradores, reuniones a distancia y dictámenes de precalificación, buscando promover la actividad empresarial y la transparencia.
La Inspección General de Justicia (IGJ) publicó la Resolución General 3/2026, que introduce cambios significativos en el régimen de inscripciones y fiscalización de personas jurídicas. Esta medida, que responde a un proceso de Elaboración Participativa de Normas y al impulso de desregulación económica, busca simplificar trámites y reducir cargas regulatorias para las sociedades.
Entre las modificaciones más destacadas, se encuentran:
Estas reformas buscan eliminar requisitos obsoletos o redundantes, promover el acceso a la economía formal, reducir costos de cumplimiento y fortalecer la competitividad del Registro Público, sin afectar las garantías sustanciales de socios y terceros. La IGJ enfatiza que se simplifica "sin desregular por desregular", sino eliminando exigencias que no cumplen una función útil de tutela.