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La Autoridad Regulatoria Nuclear habilita a diversas empresas para operar con material radiactivo en aplicaciones industriales. Un control vital para la seguridad en un área estratégica.
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha vuelto a mover sus piezas en el tablero industrial con la publicación de las Resoluciones 241/2025 y 243/2025. A través de estas medidas, se otorgan Licencias de Operación a varias entidades que desarrollan actividades industriales utilizando fuentes radiactivas. Esto es crucial para sectores que van desde la inspección de materiales mediante gammagrafía industrial hasta la medición de densidad o nivel en complejos procesos productivos.
Para obtener estas licencias, los solicitantes tuvieron que demostrar que sus instalaciones y su personal mínimo cumplen con las rigurosas exigencias de seguridad radiológica y física impuestas por la normativa. La ARN, a través de sus áreas especializadas como la Gerencia Seguridad Radiológica, Física y Salvaguardias, verifica cada detalle, asegurando que no haya deudas regulatorias pendientes por parte de los solicitantes.
Estas licencias son el motor que permite la continuidad y el desarrollo de sectores industriales clave en Argentina, como la construcción, la metalmecánica, la exploración de hidrocarburos y otras industrias pesadas. La aprobación asegura que estas operaciones se realicen de manera segura, protegiendo a los trabajadores y al medio ambiente de los riesgos asociados a la radiación. La fiscalización de la ARN es clave para mantener la confianza en el uso de estas herramientas, que son vitales para la modernización y eficiencia productiva.
Aunque estas resoluciones son de carácter administrativo y se publican con regularidad, su importancia no debe subestimarse. Son el reflejo de un sistema de control que permite a la industria operar con tecnologías avanzadas, pero bajo una estricta supervisión. La ARN actúa como garante de la seguridad, permitiendo que las empresas innoven y produzcan sin comprometer la integridad pública o ambiental. Para el público, es la tranquilidad de saber que las actividades industriales con potencial riesgo radiológico están bajo control estatal.
