¡La Justicia no da tregua! Fallos definitivos que sacuden la Administración Pública

El Boletín Oficial se convirtió hoy en el escenario de una serie de fallos lapidarios que cierran la vía administrativa para varios exfuncionarios, dejando sus destinos en manos de la justicia. En un mensaje claro sobre la disciplina y la estabilidad en el empleo público, el Gobierno desestimó recursos jerárquicos y de revocatoria que buscaban revertir exoneraciones y limitaciones de cargos.

En el primer caso, la licenciada Telma Gladys ARIAS, ex Directora de Programación y Control Presupuestario del Ministerio de Salud, vio rechazado su recurso contra la limitación de su designación transitoria. La funcionaria argumentaba "irregularidad e ilegitimidad" y reclamaba indemnización, pero el Ejecutivo fue contundente: su designación fue transitoria y sin concurso, por lo que no le asistía el derecho a la estabilidad. Un recordatorio para quienes ocupan cargos sin pasar por el régimen de selección pública.

Pero la cosa se puso más densa con los casos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Nicolás Manuel ASSELBORN, un ex Adjutor Principal, fue ratificado en su exoneración tras ser condenado por "omisión de funcionario público en evitar la comisión del delito de torturas por parte de sus subordinados". Un escándalo que resuena fuerte y que el Gobierno no dudó en mantener firme, citando la "prudente discrecionalidad de la autoridad" en la graduación de la sanción.

Y como si fuera poco, el ex Alcaide Mayor Miguel Ángel PERROTTA, abogado del SPF, también sufrió la desestimación de su recurso de revocatoria. Perrotta había sido exonerado por "conducta indecorosa", "desobediencia ostensible" y "cambios sin autorización". Su defensa, basada en una supuesta "persecución por investigar corrupción" dentro del organismo, fue descartada por "falta de elementos novedosos". La administración actual parece decidida a no ceder ante este tipo de planteos, blindando las decisiones disciplinarias que buscan ordenar las fuerzas de seguridad.

Estos decretos, si bien son administrativos en su forma, revelan la mano dura del Ejecutivo ante situaciones que tocan la moral pública y la eficiencia estatal. Para los ciudadanos, significa un mensaje sobre la rendición de cuentas de los funcionarios y la rigurosidad en la aplicación de las normas que rigen el empleo en el Estado. Aquellos afectados ahora tienen Ciento Ochenta (180) días hábiles judiciales para llevar sus reclamos a la justicia, una última instancia en esta saga de despidos y exoneraciones.