¡La Motosierra Ataca! El Gobierno Liquida Tres Fondos Fiduciarios Clave

El Poder Ejecutivo Nacional ha desatado la "motosierra" sobre estructuras clave de la intervención estatal, disolviendo mediante el Decreto 6/2025 tres fondos fiduciarios públicos que manejaban recursos millonarios y sostenían programas esenciales. Se trata del Fideicomiso “PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR” (PRODAF), el “FONDO FIDUCIARIO DEL SERVICIO UNIVERSAL” y el “FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL”.

Esta drástica medida, que deroga las leyes de creación de estos fondos (N° 26.895, N° 27.078 y N° 27.341 respectivamente), se enmarca en la política de desregulación y reducción del Estado impulsada por el gobierno. Las justificaciones esgrimidas incluyen informes de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que señalaron ineficiencias, falta de rendiciones y proyectos sin debida justificación.

¿Quién pierde y quién gana con la motosierra?

• PRODAF: Creado para facilitar el acceso al crédito a la agricultura familiar. Según el gobierno, ya habría "cumplido con su objeto". Su disolución deja en el aire el futuro de políticas de apoyo a pequeños productores.
• Fondo Fiduciario del Servicio Universal: Financiado con un 1% de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones, este fondo buscaba garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). La contradicción es flagrante: si bien se disuelve el fondo, el decreto establece que la obligación de realizar los aportes de inversión permanece vigente. Esto implica que el 1% de los ingresos de las TIC, que antes iba a programas de inclusión digital, ahora podría ir a rentas generales, sin destino específico para el "Servicio Universal". ¡Un verdadero golpe a la conectividad para los sectores más vulnerables!
• Fondo Fiduciario para la Vivienda Social: Destinado a financiar programas de vivienda social e infraestructura básica. Las auditorías detectaron obras rescindidas sin devolución de fondos y obras culminadas sin rendición final. Su eliminación impacta directamente en miles de familias que esperaban soluciones habitacionales.

La disolución de estos fondos implica un cambio radical en la forma en que el Estado abordaba estas problemáticas. Si bien se busca eficiencia, la eliminación de estos instrumentos genera una enorme incertidumbre sobre cómo se financiarán y ejecutarán en el futuro las políticas de desarrollo rural, acceso a las TIC y vivienda social. Los fiduciarios de los fondos deberán continuar con las obligaciones relativas a la disolución y posterior liquidación, proceso que se sujetará a las normas ya establecidas por el Ministerio de Economía.