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Un decreto presidencial redefine qué es un "Objetivo de Valor Estratégico", abriendo la puerta a la intervención militar en la protección de infraestructuras vitales y consolidando el control del Poder Ejecutivo sobre la seguridad nacional.
¡Prepárense! El Presidente acaba de firmar el Decreto 1107/2024, una medida que puede cambiar el mapa de la seguridad y defensa nacional. Este decreto define por primera vez de manera clara y contundente qué se entiende por "Objetivos de Valor Estratégico", un concepto que, aunque mencionado en la Ley de Defensa Nacional (N° 23.554), carecía de una caracterización precisa.
Según el artículo 1º, son "cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el ESTADO NACIONAL que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo".
Esta definición es crucial porque ahora el Poder Ejecutivo Nacional tendrá la competencia exclusiva para calificar qué bienes o instalaciones entran en esta categoría. El Jefe de Gabinete o los Ministros de Defensa y Seguridad podrán proponer estos objetivos, centralizando la decisión en la cúpula del gobierno.
El decreto establece un marco de cooperación interinstitucional donde el Ministerio de Seguridad podrá solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas o de policías provinciales para custodiar estos objetivos. Pero lo más impactante llega con la dependencia operacional:
Esta medida se enmarca en una "mirada estratégica de la Seguridad Nacional" que incluye la detección de amenazas como el terrorismo internacional y los ataques a la infraestructura crítica. La justificación es la necesidad de una "efectiva reacción ante las agresiones" que puedan desestabilizar el Estado.
La implicancia es clara: se le otorga a las Fuerzas Armadas un rol más explícito y de mayor jerarquía en la protección de activos críticos, incluso en escenarios de crisis internas. Esto podría generar debate sobre la delimitación de funciones entre fuerzas de seguridad y militares, pero el Gobierno lo presenta como una necesidad imperiosa ante las amenazas del siglo XXI. La seguridad nacional se refuerza, pero ¿a qué costo en términos de libertades civiles?
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