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El ENRE autorizó nuevos ajustes tarifarios para las principales transportistas de energía eléctrica del país, incluyendo TRANSENER, TRANSBA, TRANSPA, TRANSNOA y DISTROCUYO, impactando los costos mayoristas desde septiembre.
En un movimiento que sacude los cimientos de la matriz energética nacional, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ha oficializado, mediante las Resoluciones 616/2025 a 621/2025, nuevos y significativos incrementos en las tarifas de transporte de energía eléctrica. Este paquete de medidas afecta a las principales empresas del sector: TRANSENER S.A., TRANSBA S.A., TRANSPA S.A., TRANSNOA S.A. y DISTROCUYO S.A., y entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2025.
Estos ajustes, que se suman a los ya anunciados para las distribuidoras, son parte de la "corrección de precios relativos" que impulsa el Ministerio de Economía en el marco de la emergencia energética declarada. El objetivo, según el ENRE, es que la remuneración de estas transportistas se mantenga en términos reales durante el quinquenio tarifario, protegiéndolas de la inflación galopante.
Los valores horarios y mensuales del equipamiento regulado de estas empresas se ajustarán con variaciones que van desde el 3,78% para TRANSBA S.A. hasta un impresionante 12,11% para TRANSPA S.A., pasando por el 6,95% de TRANSENER S.A., el 3,91% de TRANSNOA S.A. y el 7,20% de DISTROCUYO S.A. Estos porcentajes surgen de un mecanismo de indexación mensual que pondera el IPIM (67%) y el IPC (33%) del INDEC, que en julio de 2025 fueron 2,85% y 1,9% respectivamente, resultando en un ajuste base del 2,54%.
Aunque estos aumentos no se ven directamente en la factura de luz del usuario final, son costos mayoristas que las distribuidoras deberán afrontar. A mediano y largo plazo, esta carga se trasladará inevitablemente al consumidor. Es la otra cara de la moneda de la "normalización" tarifaria: un sistema que busca ser autosustentable, pero que en el camino exige un esfuerzo económico considerable a toda la cadena, y finalmente, a la ciudadanía.
Es fundamental que las asociaciones de usuarios y los ciudadanos sigan de cerca estas resoluciones, ya que son la antesala de futuros ajustes en el precio final de la energía. Mantenerse informado a través del Boletín Oficial y los canales de las entidades de defensa del consumidor es clave.
10 de febrero de 2026
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