¡La UIF Aprieta las Tuercas! Blindaje Total Contra el Lavado de Activos

La Unidad de Información Financiera (UIF) no se anda con chiquitas y lanzó un verdadero misil regulatorio con las Resoluciones 199/2024 y 200/2024. Estas normativas, que actualizan y derogan resoluciones anteriores, buscan fortalecer a fondo el 'Enfoque Basado en Riesgo' (EBR) para prevenir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

¿Quiénes quedan bajo la lupa? La Resolución 199/2024 apunta a las entidades financieras y cambiarias (bancos, casas de cambio), mientras que la 200/2024 se centra en emisores y operadores de tarjetas de crédito/compra, proveedores de servicios de cobro y/o pagos (fintechs y billeteras virtuales) y proveedores no financieros de crédito. Esto significa que un universo enorme de operaciones y usuarios estará bajo un escrutinio mucho más minucioso.

Los cambios más picantes:

• Autoevaluación de Riesgos Anual: Todos los sujetos obligados deberán presentar informes detallados sobre sus riesgos de LA/FT/FP y cómo los mitigan, con plazos estrictos (algunas cambiarias cada dos años, y los nuevos sujetos obligados de la Resol. 200 tendrán hasta abril de 2026 para el primer informe anual).
• Debida Diligencia Reforzada: Para clientes de "alto riesgo" (PEP extranjeras, jurisdicciones con deficiencias en LA/FT/FP), las exigencias de información y monitoreo serán extremas. La identificación de clientes no presenciales también se vuelve más rigurosa, requiriendo "técnicas biométricas rigurosas, almacenables, auditables y no manipulables".
• Monitoreo Constante y Alertas: Se exige un monitoreo continuo de las operaciones, con "reglas de control y alertas automatizadas" para detectar operaciones inusuales. La resolución detalla una lista extensa de "banderas rojas" que los operadores deberán considerar, desde movimientos de dinero en efectivo "inusualmente elevados" hasta "triangulación de fondos" o discrepancias en la información del cliente.
• Depósitos en Efectivo bajo la Lupa: Para los proveedores de servicios de cobro y pago, se establecerán controles reforzados para depósitos y/o extracciones en efectivo. Se deberán identificar a las personas que realicen depósitos por montos iguales o superiores a 20 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
• Reportes Sistemáticos: Se establecen nuevos regímenes de reporte mensual y anual a la UIF, incluyendo transacciones con tarjetas de crédito (superiores a 13 SMVM para usuarios y 50 SMVM para corporativas) y depósitos en efectivo (superiores a 2 SMVM mensuales para PSPCP y proveedores de servicios de cobro).
• Capacitación Obligatoria: Todos los directivos, gerentes y empleados deberán recibir formación continua sobre prevención de LA/FT/FP.

Estas medidas son una respuesta directa a los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), del cual Argentina es miembro, buscando subsanar deficiencias en la lucha contra el crimen financiero. Si bien el objetivo es loable (combatir el delito), la contracara es un aumento significativo de la carga administrativa y los costos de cumplimiento para las empresas del sector, que deberán invertir en tecnología y personal para adaptarse. Para el ciudadano, esto podría traducirse en procesos más lentos y exigentes al interactuar con servicios financieros y de pago. La efectividad de estas normas se medirá en su capacidad para frenar el dinero sucio sin asfixiar la actividad económica legítima.