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La Jefatura de Gabinete de Ministros declaró fracasada la licitación pública para proveer combustibles a la Administración Pública Nacional, tras desestimar las ofertas de YPF y Trafigura Argentina S.A. por incumplimientos, y dejar desiertos otros renglones por falta de interesados.
Una medida de alto impacto se conoció hoy en el Boletín Oficial: la Jefatura de Gabinete de Ministros informó el fracaso de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 999-0008-LPU25, un proceso clave para la provisión de combustibles (a granel, para automotores, embarcaciones y aeronaves) a todas las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional por un período de dos años, con opción a prórroga.
La decisión administrativa desestimó las ofertas de YPF SOCIEDAD ANÓNIMA y TRAFIGURA ARGENTINA S.A. en todos los renglones que habían cotizado. Según el dictamen de evaluación, ambas firmas no lograron subsanar errores u omisiones formales en sus propuestas, además de presentar condicionamientos o no cumplir con requisitos económicos y técnicos del pliego. Como resultado, los renglones donde se habían presentado ofertas (N° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 11) fueron declarados fracasados. A su vez, los renglones N° 6, 7, 10 y 12 fueron declarados desiertos al no haberse recibido ninguna oferta.
Este proceso licitatorio se enmarca en una política de desregulación y fomento de la competencia impulsada por el Gobierno. Previamente, el Decreto N° 70/2023 eliminó las prerrogativas de derecho público para empresas con participación estatal y el Decreto N° 747/2024 derogó la obligación de contratar con YPF S.A. para la provisión de combustible. La administración nacional había dispuesto un plazo para rescindir contratos con ventajas y promover procedimientos de selección transparentes, plazo que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2025 por el Decreto N° 591/2025.
El fracaso de esta licitación significa que el Estado Nacional deberá relanzar un nuevo proceso de selección de proveedores para garantizar el suministro de combustible a su flota y operaciones. Esto podría generar demoras en la provisión o la necesidad de soluciones transitorias hasta que se concrete una nueva adjudicación. Para los ciudadanos, esta situación refleja los desafíos en la implementación de políticas de mayor competencia y transparencia en las contrataciones públicas, especialmente en un sector estratégico como el energético. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN intervino en el proceso, indicando que ciertas compras están excluidas del control de precios testigo.
Es fundamental que el Gobierno evalúe los motivos de este doble fracaso (rechazo de ofertas y falta de interesados) para ajustar los pliegos y asegurar una provisión eficiente y a precios competitivos en el futuro. Los interesados podrán interponer recurso de reconsideración o jerárquico directo contra esta medida.
