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Un decreto polémico reglamenta la importación de residuos no peligrosos "valorizados", prometiendo impulsar la economía circular pero encendiendo alarmas sobre el control ambiental. ¿Oportunidad o riesgo de basurero internacional?
El Gobierno nacional, a través de la Resolución 23/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, oficializó un procedimiento para la importación de "insumos industriales valorizados en origen", es decir, materiales reciclados y no peligrosos que serán utilizados como materia prima en procesos productivos. La medida, que sigue los lineamientos del Decreto N° 1/2025, busca impulsar la economía circular y reducir el consumo de materias primas vírgenes, ¡una apuesta fuerte por la sostenibilidad y la eficiencia productiva!
La lista inicial de materiales incluye chatarra ferrosa y no ferrosa, rezagos de papel y cartón, plásticos y vidrio roto. Estos insumos deberán cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales que garanticen su calidad y seguridad ambiental. La autorización será anual, con una vigencia de 365 días corridos.
Para evitar que el país se convierta en un vertedero de residuos, el Gobierno estableció controles rigurosos. En caso de inconsistencias documentales o físicas con lo declarado, la mercadería deberá ser reexportada de urgencia (máximo 30 días) por cuenta y cargo del importador. Pero eso no es todo: la situación dará lugar a la revocación de la autorización y, si hay reincidencia, la empresa importadora quedará inhabilitada por 12 meses para tramitar nuevas autorizaciones. ¡Una espada de Damocles sobre la cabeza de quienes intenten jugar sucio!
Todo el proceso se tramitará a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), buscando agilizar y transparentar las operaciones. La Dirección General de Aduanas (DGA) tendrá un rol clave en el control y compartirá información con la autoridad de aplicación. Esta medida abre un nuevo capítulo para la industria nacional, que podrá acceder a insumos más económicos y sostenibles, pero también exige una vigilancia férrea para asegurar que los beneficios ambientales y económicos no se conviertan en un problema sanitario o de gestión de residuos. ¡Un equilibrio delicado entre la oportunidad y el riesgo!
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