Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La ARN renovó y otorgó autorizaciones vitales para operadores nucleares, garantizando la continuidad de la actividad. Pero, ¡ojo! La CNEA se salvó de pagar la tasa regulatoria a tiempo por "interés público", mientras otros cumplieron a rajatabla.
En un movimiento crucial para la continuidad de la actividad nuclear en Argentina, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha emitido dos resoluciones clave: la 303/2025 y la 304/2025. Ambas giran en torno al licenciamiento y renovación de autorizaciones específicas para el personal que opera en las sensibles Instalaciones Clase I, el corazón de la infraestructura nuclear del país.
La Resolución 303/2025 otorga las renovaciones de autorizaciones a una lista de profesionales que, tras ser evaluados por la GERENCIA LICENCIAMIENTO Y CONTROL DE REACTORES NUCLEARES y contar con el visto bueno del CONSEJO ASESOR PARA EL LICENCIAMIENTO DE PERSONAL (CALPIR), demostraron cumplir con la exigente Norma AR 0.11.1. Lo destacable es que, en estos casos, las Entidades Responsables no registran deuda por la tasa regulatoria anual, un requisito indispensable según la Ley N° 24.804. ¡Un ejemplo de cumplimiento sin peros!
Sin embargo, la Resolución 304/2025 es la que genera mayor revuelo. Aquí, la ARN también concedió nuevas autorizaciones y renovaciones al personal de la todopoderosa COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA). Pero hay un detalle que no pasa desapercibido: la CNEA adeuda el pago de la tasa regulatoria que exige la Ley N° 24.804.
¿Cómo se resolvió esta inconsistencia? La ARN, apelando a 'razones de interés público' y basándose en una resolución anterior (N° 452/19), decidió dar curso favorable a las tramitaciones. Esto significa que el personal de CNEA podrá seguir operando, a pesar de que la entidad no haya cumplido con sus obligaciones económicas en tiempo y forma. Eso sí, la resolución aclara que se aplicarán los intereses punitorios correspondientes.
Esta situación levanta sospechas sobre una posible doble vara en la aplicación de las normas. Mientras las entidades privadas deben estar al día con sus pagos para obtener sus licencias, una entidad estatal de peso como la CNEA recibe una "excepción". Aunque se argumente el interés público en mantener operativas las instalaciones nucleares, la medida podría generar un sentimiento de desigualdad en el sector. Para el ciudadano común, esto significa que la operación nuclear continúa, pero la transparencia y equidad en la aplicación de las leyes regulatorias quedan bajo la lupa. ¿Es justo que algunos paguen y otros no, o la importancia estratégica de la CNEA justifica esta flexibilidad?
