¡Mano Dura en el Estado! Despidos y Exoneraciones Confirmadas

El Boletín Oficial de hoy sacude los cimientos de la burocracia estatal con la confirmación de decisiones que marcan un antes y un después en la gestión de personal. En una clara señal de tolerancia cero, el Gobierno desestimó recursos clave que buscaban revertir sanciones y desvinculaciones, reafirmando su compromiso con la eficiencia y la disciplina.

Primero, la licenciada Telma Gladys Arias (D.N.I. Nº 12.425.691), ex-directora del Ministerio de Salud, vio frustrado su intento de recuperar su cargo y obtener una indemnización. Su designación transitoria, limitada en 2017, no le otorgaba la estabilidad laboral que reclamaba, según lo dictaminado por la Ley Marco de Empleo Público Nacional N° 25.164. El mensaje es claro: la estabilidad no es un derecho adquirido en designaciones provisorias, cerrando la puerta a futuras apelaciones administrativas.

Pero el plato fuerte viene del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El ex-Adjutor Principal Nicolás Manuel Asselborn (D.N.I. Nº 32.575.003) no pudo revertir su exoneración impuesta en 2019. ¿El motivo? Una condena firme por omisión en su deber de funcionario público al no evitar torturas a un detenido. La justicia ya había dictado tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Este decreto refrenda la implacable aplicación del reglamento disciplinario ante delitos graves.

Por último, el ex-Alcaide Mayor Miguel Ángel Perrotta (D.N.I. Nº 22.615.160), también del SPF, sufrió la misma suerte. Exonerado por faltas gravísimas como "conducta indecorosa" y "desobediencia ostensible", además de "adoptar nuevos procedimientos sin autorización", su alegato de persecución por investigar corrupción fue desestimado por las autoridades. El Estado no encontró "elementos novedosos" que conmovieran la decisión, sentando un precedente sobre la rigurosidad en la aplicación de las normas internas de las fuerzas de seguridad.

"Con el dictado del presente acto administrativo queda agotada la vía administrativa, quedando expedita la vía judicial", reza el decreto sobre el caso Arias, dándole un plazo de 180 días para acudir a la justicia.

Estos decretos no solo cierran expedientes, sino que envían una señal contundente a toda la administración pública: la era de la flexibilidad en las normas disciplinarias y de estabilidad parece haber llegado a su fin. Los ciudadanos comunes ven cómo se busca mayor responsabilidad y transparencia en la función pública, aunque siempre queda la vía judicial para quienes se sientan afectados. Manténganse informados sobre futuras decisiones, ya que esta purga administrativa podría continuar.