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El Ministerio de Seguridad impone el trabajo obligatorio y no remunerado para todos los internos del Servicio Penitenciario Federal. Una medida que busca la reinserción, pero que levanta polémica sobre derechos y obligaciones.
¡Bombazo desde el Ministerio de Seguridad! La Resolución 1346/2024, firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece una medida que dará que hablar: a partir de ahora, *todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberán participar en tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los establecimientos penitenciarios durante CINCO (5) horas diarias, y lo más impactante, estas actividades no serán remuneradas.
El argumento del Gobierno es claro: la ejecución de la pena privativa de la libertad debe procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia. Pero aquí viene la parte que genera debate: se enfatiza que los reclusos "no son víctimas sino victimarios" y que el esfuerzo estatal debe orientarse a que "reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual". La medida busca combatir la "ociosidad de los internos" que, según el texto, "conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden".
Esta decisión se ampara en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser "sanas y limpias", y en la Ley N° 24.660. El SPF será el encargado de elaborar los planes y cronogramas, así como de controlar su cumplimiento. Si bien la intención declarada es la reinserción y la reparación social, la obligatoriedad y la falta de remuneración de estas tareas desatan una discusión profunda sobre los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y la naturaleza del trabajo penitenciario. ¿Es una forma de dignificar o un paso hacia la explotación laboral? La medida, sin dudas, marca un cambio drástico en la política penitenciaria y tendrá repercusiones significativas en la vida de los internos y en el debate público sobre justicia y seguridad.