Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Seguridad endurece drásticamente las visitas a presos peligrosos del Servicio Penitenciario Federal, limitando contactos y comunicaciones para frenar el delito organizado desde las prisiones. La medida busca cortar el cordón umbilical de las bandas criminales con el exterior, tras detectar que seguían operando desde adentro.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ha lanzado un golpe contundente contra el crimen organizado que opera desde las sombras de las cárceles federales. La Resolución 153/2025 establece un régimen de control de visitas y comunicaciones mucho más estricto para los internos del "Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo". Esta medida explosiva llega tras la alarmante detección de que capos narco y criminales de alta peligrosidad seguían dirigiendo operaciones delictivas, incluso ordenando hechos violentos en ciudades como Rosario, desde sus celdas.
La norma modifica sustancialmente el régimen de contacto con el exterior:
El Ministerio de Seguridad justificó estas restricciones extremas mencionando que, a pesar de las medidas previas, se detectó una "nueva estrategia" para sortear los controles: la utilización de visitas familiares y de abogados como "medio de transmisión de órdenes e instrucciones al exterior". El informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) de abril de 2024 ya advertía sobre estas tácticas. La situación se volvió insostenible tras la detención de NUEVE (9) familiares directos y DOS (2) abogados de internos de alto riesgo, presuntamente involucrados en delitos como narcotráfico, asociación ilícita, amenazas y secuestro extorsivo, vinculados a las actividades de los presos.
"Las detenciones fueron ordenadas por su presunta participación en los delitos previstos en la Ley N° 23.737, asociación ilícita, amenazas, incendio y secuestro extorsivo, entre otros..."
Esta resolución es un claro mensaje de que el Estado está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para desarticular las redes criminales que, históricamente, han encontrado en las cárceles un centro de operaciones. La ciudadanía espera que estas "cárceles blindadas" realmente corten el grifo del delito.
