Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Cultura deja sin efecto una resolución anterior, la N° 115-MCGC/26, en un movimiento que despierta dudas sobre la estabilidad de las decisiones administrativas y los motivos detrás de esta anulación.
El Boletín Oficial nos trae una novedad que, aunque rutinaria en su forma, esconde un velo de misterio: el Ministerio de Cultura ha decidido dejar sin efecto la Resolución N° 115-MCGC/26 mediante la flamante Resolución N° 237/MCGC/26. Esta acción, que a primera vista podría parecer un simple trámite burocrático, nos obliga a preguntarnos: ¿Qué había detrás de la resolución original y por qué ahora se la anula?
La revocación de una resolución puede deberse a múltiples factores: un error administrativo, un cambio de criterio político, la imposibilidad de ejecutar lo establecido, o incluso la obsolescencia de la medida. Sin embargo, la falta de detalles en la publicación oficial deja un gran espacio para la especulación. ¿Afectaba a un proyecto cultural específico? ¿Estaba ligada a alguna contratación de personal que ahora se suspende? El texto solo indica la anulación, sin ofrecer el más mínimo contexto sobre el contenido de la Resolución N° 115 que ahora yace en el olvido.
Para el ciudadano, este tipo de movimientos genera una sensación de inestabilidad en la gestión pública. Las decisiones van y vienen, y la falta de justificación pública puede interpretarse como falta de transparencia o improvisación. Si bien es potestad de la administración corregir o anular sus propias resoluciones, una explicación, por más breve que sea, contribuiría a la confianza ciudadana.
"La transparencia no es solo mostrar lo que se hace, sino también explicar por qué se deshace", afirmó un observador del ámbito público.
Este episodio subraya la importancia de que el Estado no solo legisle y actúe, sino que también comunique de manera clara los fundamentos de sus decisiones. Los afectados por la Resolución 115-MCGC/26, si los hubiera, serán los primeros en sentir el impacto de esta marcha atrás. Para el resto, queda la incógnita de qué se ganó o se perdió con este cambio de rumbo.